LA
PAZ, BOLIVIA (ANB / El País de España).- El presidente, pendiente
de poder presentarse de nuevo en 2019 tras una reforma constitucional, inaugura
obras en televisión.
En medio de la campaña para que
la población boliviana se pronuncie sobre la reforma constitucional que le
permitiría ser candidato en 2019 para un cuarto mandato, el
presidente Evo Morales adjudicó el sábado pasado obras en la
región de Oruro junto al magistrado del Tribunal Constitucional Efrén Choque,
reiteradamente acusado de favorecer al oficialismo. Un día antes, Morales se
refirió al referendo constitucional, que se realizará el 21 de febrero, en otra
entrega de obras televisada por el canal estatal, lo que está prohibido por la
ley; el presidente desafió al Tribunal Electoral a sancionarlo por ello.
Estos hechos ocurrieron poco
después de que Evo Morales admitiera la “preocupación”
y la “amargura” de sus colaboradores por la situación de su campaña. El
mandatario le dijo al vicepresidente Álvaro García Linera: “Aunque no aprueben
finalmente nuestra reelección, no importa, hicimos historia gracias al pueblo
boliviano”. Se presume que García Linera estaba preocupado por los modestos
resultados que viene obteniendo el “sí” a la reforma en las encuestas que se
han conocido hasta ahora.
De
acuerdo a las empresas contratadas por los medios y la oposición, el “sí”
perderá en el referendo hasta por 10 puntos porcentuales. En cambio, según la
encuesta publicada hace una semana por la empresa internacional de
investigación IPSOS,
el “sí” gana en este momento con un 49%, ya que existe un 11% de indecisos. El
trabajo de esta firma es objeto de controversia entre quienes creen que se
inclina a favor del Gobierno y quienes lo defienden como el único termómetro de
las opiniones generales del país, pues incluye también las de la zona rural,
que es muy favorable a Morales y que las otras encuestadoras no llegan a medir
por razones económicas.
La
oposición interpretó la confesión de Morales en clave triunfalista. Al día
siguiente, el presidente se corrigió señalando que su triunfo está asegurado y
que lo único que le preocupa es lograr el 70% de los votos y romper su propio
récord de apoyo popular.
Su
estrategia de campaña es una repetición de la que lo llevó a triunfar en las
elecciones presidenciales de 2014: una seguidilla de anuncios de inversión
pública y de inauguraciones de infraestructuras, cuya televisación esta vez no
debe exceder, por mandato del Tribunal Electoral, la media hora. En primer
lugar fue la fijación de este límite la que desató el conflicto entre la
institución electoral, recién renovada con cierta participación de los otros
partidos con representación parlamentaria, y el mayoritario Movimiento al
Socialismo (MAS) de Morales, que la considera contraria al derecho de la
población a conocer lo que hacen sus dirigentes.
Evo
Morales ya ha gobernado Bolivia durante 10 años, el periodo presidencial
continuo más largo de la historia del país. En 2005 ganó las elecciones con la
promesa, que ha cumplido, de cambiar el modelo neoliberal de administración del
país, vigente hasta entonces, y sustituirlo por otro de corte estatista. Este
modelo ha aprovechado con éxito el boom de los precios de las materias primas,
por lo que en la última década Bolivia ha crecido alrededor del 5% anual,
incluso el año pasado, en el que estalló la crisis latinoamericana. Sin
embargo, se espera que, paulatinamente, esta afecte a la economía nacional de
una manera más clara.
Tercer mandato
Morales
ejerce su tercer mandato, que se extiende hasta 2019, después de gobernar entre
2006 y 2009, y luego entre 2010 y 2015. El máximo de mandatos que permite la
ley es de dos. Sin embargo, el presidente ha burlado esta reglamentación al
conseguir que su primer periodo no cuente legalmente porque transcurrió antes
de la aprobación de la nueva Constitución, en febrero de 2009.
Morales,
pues, ha llegado en cualquier caso al máximo de postulaciones consecutivas que
se admiten legalmente. Por esta razón, el año pasado el MAS movilizó a los
sindicatos y a las organizaciones sociales para que fueran ellos los que
propusieran una reforma constitucional que habilitara al líder a presentarse
una vez más, con el argumento de que era necesario para mantener la estabilidad
política y concluir la obra constructiva que está en marcha en el país. Con su
enorme mayoría parlamentaria, el oficialismo no tuvo problemas para convertir
esta demanda sindical en un proyecto de cambio de un artículo de la
Constitución, reforma que puede aprobarse o no en el referendo del 21 de
febrero.
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