SUCRE Y EL ALTO, BOLIVIA
(ANB / ABI).- La Fiscalía del Estado
instruyó la formación de una comisión que investigue la violencia desatada el
miércoles en las puertas e interiores de la Alcaldía de El Alto, donde
convergía una protesta de padres de familia y que saldó, en medio de un
incendio, con 6 muertos por asfixia dentro el recinto, a 4 días de la
realización de un referendo constitucional en Bolivia.
"Ni bien
conocimos estos hechos de violencia hemos instruido la conformación de una
comisión de 3 fiscales para investigar los hechos de violencia, dar con los
responsables y procesarlos de acuerdo con lo que establece la ley",
expresó el fiscal General del Estado, Ramiro José Guerrero Peñaranda.
Guerrero había
instruido hacia el mediodía a la fiscal departamental de La Paz en suplencia
legal, Rosario Venegas, conformar una comisión para investigar la violencia
desencadena en la Alcaldía de El Alto, gobernada por la centroderechista
opositora Soledad Chapetón.
El Fiscal del
Estado instruyó, además, el desplazamiento de médicos y peritos forenses del
Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), para coadyuvar en la
investigación y esclarecer este lamentable hecho que se cobró la vida de 6,
reseña una cartilla de prensa del Ministerio Público.
La protesta de
padres de familia, en demanda a Chapetón de mayor atención, derivó, en un rapto de violencia supurada, en
la quema de ambientes de la Alcaldía de El Alto.
Decenas de
funcionarios se descolgaron por las ventanas del edificio municipal en llamas
para salvar la vida, más 6 de ellos, 4 dentro un baño, perecieron por asfixia.
Imágenes de
televisión y de aficionados mostraron varias de las oficinas de la Alcaldía en
llamas.
"Lamentamos
las muertes registradas, hacemos llegar nuestro más sentido pésame a los
familiares (...). Como Ministerio Público vamos a investigar hasta llegar a
establecer la verdad histórica y material de los hechos", manifestó
Guerrero, según el boletín.
A más de 5 horas
de los hechos, la tensión en esa ciudad, una de las más pujantes del país y de
un millón de habitantes, en su mayoría migrantes campesinos y mineros, se
centró en las afueras de un hospital donde fueron amortajados los cuerpos de
los fallecidos.
Deudos y lugarejos
se oponen a que los cuerpos sean trasladados a un nosocomio de La Paz,
circunsvecina de El Alto, para que se efectúe el examen forense de ley.
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