Chavismo
maniobra boicotear la constitución
VENEZUELA
(ANB / Fuente: El País-España).- El aturdimiento que parece
haber dejado en el chavismo la derrota en las elecciones parlamentarias del 6
de diciembre deja al país en vilo ante una situación inédita. Por un lado, el
Tribunal Supremo debe decidir si permite que ocupen su escaño tres diputados
opositores después de haber aceptado la impugnación planteada por el Gobierno
de Nicolás Maduro.
El chavismo maniobra para
boicotear en los tribunales la constitución de un Parlamento con mayoría
opositora el próximo 5 de enero.
La oposición ya ha anunciado
que no aceptará el fallo y que se presentará con sus 112 diputados en la
Asamblea.
El miércoles a última hora, la
víspera de Nochevieja, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aceptó siete
recursos presentados por el chavismo para impugnar los resultados electorales
en tres Estados. Para respaldar uno de esos recursos, el TSJ —controlado por el
Gobierno— aceptó además como medida cautelar la suspensión de la proclamación
de los diputados electos en el Estado de Amazonas, tres de la oposición y uno
del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
El efecto práctico de la medida
cautelar es impedir la juramentación de esos diputados el próximo martes 5 de
enero, día en el que se debe instalar la nueva Asamblea Nacional.
La oposición agrupada en la
Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ya ha anunciado que no acatará el fallo
judicial, y que el martes acudirá al hemiciclo del Parlamento con todos sus 112
diputados electos.
La MUD ya ha denunciado lo que
califica como “golpe de Estado judicial” ante organismos internacionales y, a
través de una carta suscrita por el dirigente del partido Primero Justicia
(PJ), Julio Borges, ha solicitado a las Fuerzas Armadas que ayuden a respetar
la “voluntad popular”.
De prosperar los recursos
cuando la Sala Electoral del TSJ estudie el fondo de los casos, se podría
ordenar la repetición de los comicios en todas las circunscripciones en
cuestionamiento, lo que afectaría a 10 escaños.
El propósito del chavismo es
abortar la mayoría absoluta de dos tercios de las curules obtenida por la
oposición, con la que esta podría a partir del martes promover votos de censura
contra ministros y vicepresidentes, reformas a la Constitución y referendos.
A apenas 72 horas de la instalación
oficial de la nueva asamblea, el país seguía en vilo la evolución del ajedrez
judicial que se juega desde el 6 de diciembre.
Pero esa no es la única
incógnita por despejar. También falta por conocer quiénes integrarán el
gabinete ministerial, después de casi un mes desde que el presidente Maduro
pidió la renuncia de sus anteriores titulares.
Organizaciones de la sociedad
civil, como el Centro de Derechos Humanos de la jesuita Universidad Católica
Andrés Bello de Caracas, advierten de que, según las disposiciones de la
Constitución vigente, algunas medidas adoptadas por el presidente Maduro en los
últimos días carecen de legalidad al no haber sido refrendadas por el Consejo
de Ministros. Las actuaciones del Ejecutivo comprenden, por ejemplo, la promulgación
de leyes en el marco de las facultades para legislar otorgadas por la Asamblea
Nacional a Maduro mediante una ley habilitante, o la reciente extensión por 60
días del estado de excepción vigente en municipios fronterizos con Colombia del
Estado de Amazonas.
Mientras, el próximo lunes
iniciará sus funciones el inédito Parlamento Comunal, un organismo que el
oficialismo ha rescatado de la chistera de las leyes comunales que Hugo Chávez
hizo aprobar en 2010.
El Gobierno de Maduro no ha
escondido su intención de utilizar este Parlamento paralelo —conformado en su
totalidad por representantes de comunas chavistas— como contrapeso a la
“asamblea burguesa”, así como de destinarle recursos y competencias.
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