SANTA CRUZ, BOLIVIA (ANB
/ ABI).- El fiscal de distrito de Santa
Cruz, Gomer Padilla confirmó que la jueza 15º de Instrucción en los Penal,
Vivian Patricia Gonzales, fue aprehendida acusada por varios delitos cometidos
al emitir las medidas sustitutivas en favor del comandante del Grupo de Apoyo
Civil a la Policía (Gacip), Juan Carlos Tapia, detenido el pasado jueves de
forma flagrante en posesión de droga.
"Como dice la
norma en un plazo de 24 horas la vamos a poner en disposición de un Juez
Cautelar por los delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y
resoluciones contrarias a las leyes y la Constitución", aseveró Padilla.
El representante del
Ministerio Público dijo que se ha conformado una comisión de investigadores que
se harán cargo del a investigación contra la jueza, son los fiscales: Cándido
Blanco, Fanny Alfaro y Paulo Guzmán.
La jueza pasará la
noche en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) a
la espera de la audiencia cautelar que será programada para este martes.
Por su parte el
abogado de Gonzales, Carlos Vaca dijo que no se ha emitido la orden de
aprehensión en los plazos establecidos y que la detención tendría vicios de
nulidad.
"Queremos
saber qué es lo que pasó y como ha sido detenida tenemos entendido que la han
llevado a las oficinas del Ministerio Público y de momento están recabando
información porque allanaron su oficina, y al parecer no han emitido una orden
que tendría que ser fundamentada y hemos venido a que no se le conculquen su
derecho", explicó Vaca.
La retención de la
jueza se habría producido a las 18h30 con el respaldo de efectivos policiales
que la llevaron a las oficinas del Ministerio Público para que preste sus
declaraciones.
El hecho llamó la
atención por las pruebas que se tenían contra el expolicía Tapia, que cumplía
funciones en el GACIP de El Alto.
El imputado fue
sorprendido en su domicilio de Santa Cruz en posesión de 42.700 gramos de
clorhidrato de cocaína y su audiencia cautelar se realizó el sábado por la
tarde.
Pese a las pruebas
que presentaron los fiscales la jueza determinó medidas sustitutivas con una
fianza de 50.000 bolivianos con la orden de que el imputado se presente a
firmar cada 15 días y no tenga contacto con nadie, en especial
narcotraficantes.
La fiscal, Marina
Flores, precisó que en la audiencia hubo varias irregularidades porque se
desarrolló a puertas cerradas y se impidió el ingreso de los medios de
comunicación. "Ella lo defendió (al imputado) más que su propio abogado,
en otros casos lo que siempre se hace es determinar el traslado a un centro
penitenciario", recalcó.
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