Corrupción en el exFondo Indígena
TARIJA, BOLIVIA (ANB /
Erbol).- El exmiembro del Directorio del
liquidado Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), Faustino
Flores, reveló a Erbol que en 2012 se tapó 300 proyectos “fantasmas” que fueron
identificados y no se hizo nada para remediarlos.
Flores, también expresidente de la Asamblea del Pueblo
Guaraní (APG), explicó que estos casos se dieron a conocer el 30 de septiembre
de 2012, durante una reunión del Directorio, presidido por la entonces ministra
de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo y con la presencia de los
representantes de las organizaciones campesinas, “Bartolinas” y de
colonizadores (interculturales).
Aseguró que, como bloque indígena, la Confederación de
Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y sus regionales -Central de Pueblos
Étnicos de Santa Cruz (CPESC), la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni
(CPEMB) y la APG- pidieron que los desembolsos para los proyectos “fantasma” se
congelen.
Dijo que, con la solicitud de cierre de las carpetas de los
aparentes 300 proyectos “fantasma”, la intención era que se viabilicen más
proyectos a favor de los pueblos indígenas de tierras bajas porque no contaban
con muchos.
“Nosotros hemos dicho que se rechacen todos esos proyectos
‘fantasmas’ que estaban por financiarse para que se pueda meter un poco más de
proyectos para la APG, CPESC, CPEMB y sólo les dieron un cupo de 30 proyectos
porque pusieron a un lado ese tema de los 300 proyectos ‘fantasmas’”, afirmó el
guaraní.
“Nadie se daba cuenta, nosotros, los pueblos indígenas hemos
agarrado los proyectos inocentemente”, lamentó.
Auditoría
El Directorio del exFondioc estuvo integrado desde 2009 a
2015 por ocho organizaciones, entre campesinas, indígenas y de colonizadores.
Además de la APG, CPESC, CPEMB y CIDOB, la Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de
Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”
(CNMCIOB-“BC”), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de
Bolivia (CSCIB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu
(CONAMAQ).
Flores dijo que en septiembre de 2012 se informaron que las
comunidades de las organizaciones regionales fueron las menos beneficiadas con
proyectos productivos a diferencia de los sectores nacionales, por lo que
pidieron la realización de una auditoría externa e interna a esa entidad
estatal, pero no se concretó. Recién en febrero de este año el gobierno
intervino el Fondo, tras denuncias que salieron a la luz sobre proyectos
“fantasmas” y corrupción.
“Entre ellos se denunciaba que estos proyectos no existían,
entonces nos hemos dado cuenta y hemos dicho que se haga una auditoría externa,
interna dentro del Fondo Indígena para ver quién gastó más la plata y aparte de
eso se ve que hay proyectos ‘fantasmas’ porque se denunció que había 300
proyectos ‘fantasmas’”, remarcó el indígena.
Más proyectos para campesinos
Según Flores, ese día del 2012 se informaron que el 80% de
los proyectos se destinaron para el sector campesino, un 10% para la CIDOB y un
5% para el CONAMAQ. Narró que al contar los campesinos con la confianza del
gobierno podían conseguir cuantos proyectos quisieran.
“Esto (el Fondo Indígena) ha sido una lucha de la Asamblea
del Pueblo Guaraní y después se sumó la Confederación (CIDOB) y hemos dicho
‘entonces que sea la Confederación’ y después resulta que meten a los hermanos
campesinos y los hermanos campesinos a sus esposas (las Bartolinas) y a sus
hijos que son los interculturales (colonizadores) y hemos visto que ellos se
sentían del gobierno, influían y conseguían sus proyectos a cantidades”,
aseveró.
En 2013 el exdirector Ejecutivo del Fondo Indígena, Daniel
Zapata, brindó un informe sobre los proyectos aprobados y ejecutados en la
desaparecida entidad estatal. De acuerdo con el mismo, la CSUTCB se benefició
hasta esa gestión con la ejecución de 157 de 1.294 proyectos productivos de un
valor de 102 millones de bolivianos. Mientras que la APG sólo consiguió cinco
obras productivas de Bs2.2 millones.
La intervención del gobierno detectó este año que de 1.100
proyectos investigados sólo 30 fueron “fantasmas” para los que el Fondo entregó
Bs14MM; mientras que más de 700 no se concluyeron y por ellos se estima un daño
económico al Estado de Bs102MM.
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