GONZALES: REINGENIERÍA DEL FONDO INDÍGENA APUNTA A MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN MÁS SEVEROS

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, aseguró el martes que la reingeniería que plantea el Gobierno en el Fondo de Desarrollo Indígena apunta a mecanismos de fiscalización más severos.

    "Lo que se ha hecho es una reingeniería que va asegurar que las acciones que va a emprender a partir de la puesta en funcionamiento van a ser diferentes, los mecanismos de fiscalización son mucho más severos", explicó a los periodistas.

    Gonzales informo que  los nuevos miembros del Directorio del Fondo Indígena tendrán entre sus responsabilidades ejercer mecanismos de control.

    "Se han tomado una serie de medidas a partir del duro aprendizaje que ha significado ver cómo se han ido los recursos del Fondo Indígena, entonces yo creo que el propio Fondo ya tiene sus mecanismos de auto control, de fiscalización internos muy rigurosos, que sin duda van a garantizar", complementó.

    El Presidente de la Cámara Alta adelantó que esa instancia legislativa también ejercerá mecanismos de fiscalización.

    "Lo que nosotros vamos a hacer, como nos manda la Constitución y es nuestra tarea, fiscalizar lo que pueda llegar a pasar allá, pero evidentemente yo creo que esta vez se han tomado los recaudos necesarios", sustentó.

    Horas antes, el nuevo ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, juramentó al ex viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Eugenio Rojas, como nuevo Director del Fondo de Desarrollo Indígena.

    Rojas asume ese cargo en el marco de una reestructuración de esa entidad, que antes era denominada Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fodioc).

    Esos cambios se realizan, una semana después de que la interventora del Fondo Indígena, Larisa Fuentes, reveló que se descubrieron 30 proyectos "fantasmas" por un monto de 14.514.349,97 bolivianos y advirtió de un daño económico al Estado de 102.253.728 bolivianos, 30 millones más que el daño que denunció la Contraloría en febrero, tras una auditoría.