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viernes, 21 de agosto de 2015

MINISTERIO DE JUSTICIA PROMUEVE "II ENCUENTRO REGIONAL CON ENFOQUE DE GÉNERO"

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El Ministerio de Justicia realizará el próximo lunes en Cochabamba el "II Encuentro Regional con Enfoque de Género" con gobernaciones y alcaldías de Cochabamba, Tarija y Sucre, con el fin de socializar la Ley 348 para la correcta inversión en la lucha contra toda forma de violencia hacia las mujeres.


    "El Ministerio de Justicia, como ente rector, tiene responsabilidad de coordinar, articular y vigilar la efectiva aplicación de la Ley 348 con gobernaciones y municipios que deben invertir en las casas de refugio y fortalecer los Servicios Integrales de Municipales", dijo el viceministro de Igualdad de Oportunidades, Juan Antonio Pérez.

    El primer encuentro se llevó a cabo en La Paz con gobernaciones y municipios de Oruro, La Paz y Potosí, el II será en Cochabamba y el 28 de agosto se instalará en la capital oriental con autoridades regionales de Beni, Santa Cruz y Pando.

    Según la legislación contra toda forma de violencia a las mujeres, el 30% de los recursos que reciben las gobernaciones para Seguridad Ciudadana debe ser destinado para la construcción y equipamiento de las Casas de Acogida y Refugios Temporales, para las mujeres en situación de violencia y sus dependientes, durante la primera gestión fiscal, después de la publicación del Decreto Supremo 2145.

    A partir del 2016, los Gobiernos departamentales emplearán el 10% del total de los recursos del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH) de Seguridad Ciudadana, para mantenimiento y atención en las casas de acogida y refugio temporal para mujeres en situación de violencia y sus dependientes, a través de la provisión de personal y gastos de funcionamiento, apuntó la autoridad.

    En esa ruta, Pérez detalló que los recursos presupuestados para el 2015 en la construcción de las infraestructuras ascienden a los 38.794.670 bolivianos, provenientes del IDH de Seguridad Ciudadana.


    Cumpliendo con el decreto supremo, los municipios deben utilizar para el fortalecimiento de Servicios Legales Integrales Municipales (Slim), el 25% de los recursos del IDH de Seguridad Ciudadana, en la primera gestión (2015).

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