LA
PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- La población de La Paz, sede del gobierno
boliviano, soportó el martes el rigor de un corte de rutas en los puntos
cardinales de la ciudad que la condenaron a una parálisis y a cubrir distancias
a pie.
Los chóferes de los sindicatos de minibuses
(libres), taxis, radiotaxis y trufis (taxis de ruta fija) que operan en la zona
sur, la más poblada de La Paz y dependiente de ascender al centro de la ciudad,
que congrega el grueso de la administración pública, la banca, el comercio y
las oficinas de mayor parte de las empresas, se eximieron de trabajar y también
impidieron el paso de vehículos hasta privados.
La medida de presión se interpuso contra la
colocación, por parte de la Alcaldía de La Paz, de un sistema de semáforos que,
según los conductores, ralentizan el tráfico vehicular, extremo negado por
técnicos de la comuna local.
Según los chóferes, que castigaron a
latigazos a quienes, en el afán de ingresar alguna renta, violaron la orden de
retirar las unidades motorizadas del servicio público del transporte, los
semáforos, en una zona que carecía de ellos y donde regía el reino del más
osado o impertérrito, les han restado casi una vuelta entre el sur y el centro
de La Paz, es decir más menos 50 bolivianos.
El alcalde de La Paz, Luis Revilla,
opositor al presidente Evo Morales, dijo que el paro de los chóferes, con los
que no se ha llevado bien en los últimos meses, tiene tufillo político y que se
cebó en un semáforo.
El poderoso sindicato de los chóferes, que
organizó la protesta que, paradójicamente, restableció el servicio de
transporte público pasadas las 14h00 locales, argumentó que la medida de fuerza
fue resuelta por la decisión de la Alcaldía de regular los tiempos de los
cambios de luces de los semáforos cada 50 y 60 segundos y no 30, como exigen
los transportistas.
La Policía debió echar bombas de gas
lacrimógeno contra los chóferes que se las tomaron contra los suyos, que no
acataron la medida y a cuyos coches infirieron averías, tales como rotura de
vidrios y desinflado de los neumáticos.
A 18 km de distancia, en el centro de La
Paz, la población debió lidiar también con grupos de jubilados que, a 24 días
de las elecciones bolivianas, no aflojan las principales arterias de La Paz que
toman hace ya 2 semanas para presionar al gobierno de Morales la asignación de
un pago de 3.000 bolivianos per cápita.
El ministro de Economía, Luis Arce, ha
dicho que el pago de ese montante a 120.000 rentistas, una parte de los 700.000
jubilados bolivianos, le gravaría al Estado poco más de 90 millones de dólares
y daría por traste la previsión de superávit fiscal.
Por lo tanto ha rechazado la pretensión de
los jubilados, cuya dirigencia, convencida que colocar a diario una alfombra de
ancianos en las calles e interrumpir el tráfico, generará facturas y presiones
electorales, ha ordenado la marcha de mil de ellos por una carretera rumbo a La
Paz.
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