Solicitó
reunión con Ramiro Guerrero
 |
| Ministra de Medio Ambiente, Alexandra Moreira. |
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La Ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira, dijo
este miércoles que el proceso de investigación contra exdirectivos de la
Autoridad de Fiscalización y Control Social del Agua (AAPS) y de la Empresa
Pública y Social de Agua y Saneamiento (Epsas), a raíz de la crisis del agua,
se encuentra paralizado en la Fiscalía de La Paz.
Informó
que ha solicitado una reunión con el Fiscal General del Estado, Ramiro
Guerrero, para consultar qué es lo que pasa en la Fiscalía y pueda colaborar
con el avance de la investigación y se resguarde la información técnica porque
hubo información errónea que se ha pasado a las autoridades ejecutivas.
Explicó
que en más de una oportunidad, la AAPS por informes de Epsas, indicó al
Ministerio de Medio Ambiente que no iba haber ningún déficit ni
desabastecimiento en 2016 y que había suficiente oferta en relación a la
demanda para este año.
“Necesitamos
toda esa información que se ha ido enviando a la AAPS por parte de Epsas y de
la AAPS al ministerio de Medio Ambiente y como regulador también habrá que ver
las deficiencias y la irresponsabilidad en la cual ha incurrido sobre todo
Epsas, que era obligada para garantizar el servicio”, declaró a la prensa.
El 20
de diciembre, el director jurídico del Ministerio, Edwin Quispe, lamentó la
burocracia administrativa en la Fiscalía que impide avanzar en el caso contra
los acusados de no haber informado de manera oportuna sobre el déficit hídrico,
que ocasionó el racionamiento de agua potable en 94 barrios de la ciudad de La
Paz.
“El
proceso se halla durmiendo, ni siquiera se ha cumplido con el paso inicial que
es el señalamiento para la declaración de quienes nosotros hemos denunciado, es
decir a Benecio Quispe, Rudy Rojas y Hugo Gómez”, manifestó en ese entonces
Quispe.
La
denuncia fue presentada el 28 de noviembre, en contra del exdirector de la
AAPS, Benecio Quispe, y las exautoridades de Epsas, Ruddy Rojas y Hugo Gómez,
por los delitos de atentados contra los servicios públicos e incumplimiento de
deberes. Días después, la Fiscalía
notificó y convocó a los acusados a prestar declaraciones, pero la audiencia
fue suspendida y a la fecha no volvió a convocarlos.
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