ARCE DESCARTA ANULACIÓN DEL REFERENDO POR LA PRECLUSIÓN

Insiste en que renuncia habilita a Evo

Procurador General, Héctor Arce. Foto / PGE

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El Procurador General del Estado, Héctor Arce, descartó la anulación del resultado del referendo del 21 de febrero, bajo el principio de preclusión que descarta toda posibilidad de revisar ese acto electoral, tal como plantearon algunas organizaciones sociales afines al MAS.

“Es muy difícil muy complicado lograr la nulidad de un resultado. Nuestro sistema legal no lo permite, el sistema constitucional no lo permite, más cuando ya ha operado la preclusión, es una figura que establece que los actos de los procesos electorales no pueden ser revisados”, declaró en una entrevista concedida al canal estatal.

La autoridad formuló ese comentario en el marco del actual debate sobre las vías constitucionales para habilitar la cuarta candidatura del presidente Evo Morales a las elecciones de 2019, conforme aprobó un reciente congreso del MAS en la ciudad de Montero.

Arce dijo que se planteó también la renuncia anticipada como una opción habilitante que, según el Procurador, tiene antecedentes dentro y fuera del país y sería una forma de corregir la inaceptable manipulación de los resultados del referendo.

Manifestó que muchos sectores sanos de la nacionalidad boliviana han planteado que, en función a la mentira, al engaño y toda esta tramoya que ha significado la manipulación de la voluntad popular en el referendo del 21 de febrero,  se pueda dar un proceso de anulación de este referendo.

Sin embargo también destacó que la otra opción es activar la figura del referendo por iniciativa popular a través de la recolección de 1,3 millones de firmas que significaría el 20% del padrón electoral. Lo mismo pasa con la iniciativa legislativa que podría otro camino para impulsar una consulta destinada a la reforma parcial de la Constitución.

Arce admitió que la cuarta vía, es la interpretación legal a cargo del Tribunal Constitucional sobre el ejercicio de los derechos políticos del presidente Morales, tal como ocurrió en Nicaragua donde una consulta jurídica permitió habilitar al actual mandatario Daniel Ortega.