LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El presidente Evo Morales advirtió el miércoles, en la
ciudad de La Paz, que el bloqueo del transporte pesado en zonas fronterizas y
carreteras del país esconde una "acción política" que busca
perjudicar el referendo constitucional del próximo 21 de febrero.
En conferencia de prensa, Morales reveló
que existe información "no confirmada" de que los dirigentes del
transporte pesado mantienen reuniones con políticos de la derecha que promueven
el 'No' en el referendo constitucional.
"Hay una información no confirmada que
sus dirigentes están reuniéndose con la derecha. Es una reunión política para
perjudicar el referendo, serán los dirigentes, pero no los transportistas de
base", informó.
A su juicio, los dirigentes del transporte
pesado "están exagerando" y cometiendo un "gran abuso" a la
ciudadanía, con el objetivo de incurrir en otro abuso al Estado boliviano, no
pagando impuestos.
Sostuvo que los promotores del bloqueo no
son los transportistas de base, sino "algunos pocos" dirigentes, que
son grandes empresarios y engañan a sus compañeros.
Si las movilizaciones del transporte pesado
tienen tintes políticos -dijo- será "otra batalla económica" para el
Gobierno, pero con el respaldo del pueblo, porque por encima de cualquier
reivindicación sectorial, "está cuidar la economía nacional".
"No hay nada que negociar en ese tema,
no vamos a negociar, no es que estamos inventando otros impuestos, ellos
pagaban siempre. Pido que se levante (el bloqueo), si quieren diálogo, vamos a
informar públicamente en un debate para ver quien engaña realmente al
pueblo", subrayó.
Según fuentes oficiales, una de las propuestas
del transporte pesado plantea el pago único de los impuestos para el sector, es
decir, un sólo aporte que concentre el Impuesto al Valor Agregado (IVA),
Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto a las Utilidades de las
Empresas (IUE), cuya aplicación significaría una pérdida anual en recaudaciones
de 513 millones de bolivianos.
También piden la abrogación de la norma que
establece el reconocimiento fiscal de sólo 70% de las facturas por la compra de
combustibles, ya que ellos quieren que se reconozca el 100% de esas notas
fiscales, lo que causa una pérdida adicional al Estado de 450 millones de
bolivianos.
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