LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, rechazó
categóricamente el jueves por la noche que el presidente Evo Morales haya
incurrido en tráfico de influencias en la contratación de Gabriela Zapata, por
un consorcio chino, después de que el ex jefe de inteligencia entre 1989 y
1993, Carlos Valverde, ahora periodista, vinculara sentimentalmente al jefe de
Estado con la empresaria y abogado, a la sazón empleada de la firma asiática.
Quintana, que brindó una rueda de prensa en
el Palacio Quemado de La Paz, denunció, horas después de lo que calificó de
infundio por parte de Valverde, una cacería política contra el mandatario a
poco más de 2 semanas del referendo constitucional en que Morales someterá a
las urnas su decisión de repostularse a la Presidencia de Bolivia en las
elecciones generales de fines de 2019.
Quintana recalcó que Zapata ha sido
contratada por la empresa china CAMC,
con la cual el Gobierno nacional no mantiene ningún tipo de relación,
que no sean los contratos, para la construcción de obras de infraestructura
vial y plantas en 7 puntos del país, que le fueron adjudicados desde 2011.
"La señora Gabriela Zapata ha sido
contrata el año 2013 y varios de estos contratos datan de años anteriores, se
habla de tráfico de influencias y que la señora manejaría los negocios más
grandes del Gobierno. La señora no tiene ningún tipo de vínculo con el Gobierno
nacional, absolutamente ninguno", enfatizó el Ministro.
Quintana, que declinó referirse a la vida privada
de las personas, aclaró que el Gobierno no sostiene negocios con personas,
empresas extranjeras ni nacionales.
"Lo que existen son contratos",
rubricó.
"Valverde señaló que la madre del hijo
del presidente Evo maneja los negocios más grandes del gobierno insisto. La
ciudadana Zapata no tiene ninguna relación con el Gobierno nacional",
reiteró Quintana, en oposición a los dichos de Valverde.
Manifestó a los periodistas que tienen toda
la libertad de indagar los procedimientos de los contratos con este consorcio
chino y la razón por la que Camse contrató a Zapata.
"Si hubiera alguna influencia del
presidente Evo para facilitar la contratación de esta ciudadana en la empresa
China, con toda seguridad diríamos que es tráfico de influencias, pero
rechazamos categóricamente que el presidente Evo haya influido en esta
contratación, de hecho el presidente Evo no ha tenido ningún tipo de relación
desde el 2007 y la señora ha sido contratada el 2013 y hay contratos desde el
2011", explicó.
Zapata Montaño es empresaria, exitosa según
diversos magazines que se publican en Santa Cruz. Se ha formado como abogado y
cientista político.
Camse la empleó, como asalariada, como su
gerente comercial.
En su decisión de desbaratar los argumentos
esgrimidos por Valverde, Quintana explicó que que el Gobierno a través del
Ministerio de Obras Publicas rescindió uno de los contratos con Camse, el
concernido a la construcción del tramo ferroviario Bulo Bulo Montero, en el
oriente boliviano.
El gobierno de Morales ha rescindido uno de
los contratos con la empresa Camse "por incumplimiento de contrato, ha
rescindido el contrato de la construcción de un tramo ferroviario Bulbo Bulo
Montero (...) la empresa Camse ha incumplido este contrato y el Ministerio de
Obras Públicas ha hecho, como le corresponde, ha sido rescindir el contrato,
primero y, segundo, ha ejecutado la boleta de garantía por mas de 50 millones
de dólares", explicó el Ministro.
Quintana puso en evidencia, en base de
ejemplos, que no se trata, como propaló Valverde, de un caso de tráfico de
influencias.
"¿Hay tráfico de influencias cuando se
rescinde un contrato por 104 millones de dólares y se ejecuta la boleta de
garantía por más de 50 millones de dólares. Ustedes (les dijo a los
periodistas) no creen si hubiera tráfico de influencias el Presidente, el
Vicepresidente tendrían que hacerse de la vista gorda y encubrir a la empresa
para hacer lo que se le antoje", sostuvo.
Quintana dijo que la versión difundida por
Valverde se enmarca en una suerte de cacería política desatada contra Morales y
su Gobierno en general, para evitar que el electorado boliviano le otorgue su
confianza, el 21 de febrero, y permita al mandatario y al vicepresidente Álvaro
García Linera, habilitarse como candidatos a las elecciones de fines de 2019.
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