LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío, confirmó
el miércoles que la Policía Boliviana intervino al menos cinco puntos de
bloqueo del transporte pesado, en operativos pacíficos que contaron, incluso,
con el respaldo de las personas afectadas por la medida, que busca la
modificación de la Ley Tributaria.
"Sí es evidente, los puntos de bloqueo
que se han manifestado (Tambo Quemado, Parotani, Caihuasi, Yapacani,
Cochabamba) están desbloqueados y otros puntos en Santa Cruz", confirmó a
la ABI.
Elío explicó que, por ejemplo, en Tambo
Quemado se movilizaron 200 efectivos policiales y se recurrió a grúas para
retirar de la vía a los vehículos de alto tonelaje que obstaculizaban el paso
de los motorizados.
Manifestó que en el caso del bloqueo en la
Apacheta se dialogó con los transportistas y ellos ahora definen qué acciones
asumirán, aunque se está en proceso de desbloqueo de la zona.
En Caracollo, anunció que ya en las
próximas horas la vía estará expedita.
Agregó que en Sucre instituciones vecinales
y la población coadyuvarán en el desbloqueo de las vías porque ya son muchos
días de perjuicio por parte del
transporte pesado.
"Las personas civiles están ayudando a
la Policía con este desbloqueo y nosotros estamos buscando un diálogo pero
ojalá que no sea tarde porque ya estamos desbloqueando varios puntos; sin
embargo, siempre estamos prestos al diálogo", sostuvo.
Elio, en declaraciones a El Deber, afirmó
que se iniciarán acciones legales contra la dirigencia que promueva esas
acciones, que impiden la normal circulación y violan la Constitución Política
del Estado.
"Es un delito lo que estaban haciendo
los transportistas con el cierre de las carreteras. Vamos a proceder al
decomiso de placas, decomiso de vehículos a dependencias policiales, incluso
vamos a iniciar algunas querellas contra quienes promuevan los bloqueos",
señaló.
Asimismo, según ese diario pidió
colaboración al Fiscal General del Estado para realizar los desbloqueos y
relievó que la Policía no hizo el uso gases lacrimógenos en la intervención.
Ayer, el ministro de la Presidencia, Juan
Ramón Quintana, a nombre del Gobierno, cursó una invitación a la dirigencia del
transporte pesado para dialogar después del referendo del 21 de febrero; sin
embargo, la convocatoria fue rechazada y exigieron un documento firmado de
constancia del inicio de las negociaciones.
Los transportistas de carga, que iniciaron
el cierre de las principales vías del país el domingo, exigen la unificación
del pago de impuestos y universalizar las facturas para descargos, entre
algunos aspectos.
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