RESOLUCIÓN
MINISTERIAL 751 DEL 23 DE JULIO DE 2014
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Archivo.
Achacollo (centro) presidió el directorio del Fondo desde 2010 hasta agosto de
2015.
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LA PAZ, BOLIVIA (ANB / PáginaSiete).- El abogado de Achacollo dice que su cliente firmó
resoluciones ministeriales conforme a las normas y reglamentos que estaban
vigentes en el Fondo Indígena.
Ante
la quiebra técnica del Fondo Indígena y la excesiva demanda de proyectos, la
exministra Nemesia Achacollo autorizó el fraccionamiento, cambio de nombres y
rubro de los proyectos de la entidad indígena en 2014, cuando se realizaron las
elecciones presidenciales.
La
denuncia fue realizada por el exdirector ejecutivo del Fondo Indígena Marco
Antonio Aramayo, detenido preventivamente en el penal de San Pedro, respaldado
en resoluciones ministeriales firmadas por la exministra y presidenta del directorio, Nemesia Achacollo.
"Fraccionaron
(los proyectos) porque ya no podían aprobar más proyectos por la quiebra
técnica en la que se encontraba el Fondo. Prueba de ello es que Achacollo firmó
en 2014 resoluciones ministeriales de fraccionamiento de 405 proyectos por un monto
de 380 millones de bolivianos”, explicó Aramayo.
Según
el exdirector, Achacollo utilizó al
Pacto de Unidad -conformado por las Bartolinas, Interculturales, CSUTCB,
Conamaq y CIDOB- para que sus dirigentes se impongan por mayoría sobre la APG,
CPEMB y CEPSC (también miembros del directorio) y de esa manera aprobó las
resoluciones autorizando el fraccionamiento, cambio de nombres y rubros de los
proyectos.
"Una
vez que el directorio aprobó la resolución que autoriza el fraccionamiento,
ella firmó las resoluciones ministeriales (…) con eso hacen una serie de
promesas electorales a varias comunidades del país (en 2014)”, afirmó Aramayo y
agregó que curiosamente en 2010 (año en que se registró elecciones municipales
y departamentales) el directorio del Fondioc, presidido por Achacollo, también
aprobó 3.462 proyectos a diferencia de otras gestiones como 2011, 2012 y 2013.
Un
acta de 2014 reveló que el Fondo estaba en quiebra técnica y tenía una deuda
de 400 millones de bolivianos.
Según
la resolución 751 del 23 de julio de 2014, Achacollo autorizó el
fraccionamiento de tres proyectos con un
valor de 12,3 millones de bolivianos;
adicionalmente autorizó el cambio de nombres de 10 proyectos y el ajuste de
otros seis proyectos.
El
documento, en el que se observa la firma de la exministra, señala que el fraccionamiento, cambio de
nombre y ajuste se realiza "en aplicación de la Resolución de Directorio
006/2014 del 17 de febrero de 2014 o RD
015/07/2011”.
La
resolución de directorio del 17 de
febrero de 2014, aprobada en Huajchilla
(La Paz), señala: "Aprobar el fraccionamiento del
presupuesto de los proyectos de las gestiones 2010 y 2011, enmarcados en las
directrices a solicitud expresa y con el correspondiente aval de su
organización matriz, (que son) miembros del directorio”.
La
resolución fue firmada por Hilarión Mamani, del Conamaq; Ever Choquehuanca, de
los Interculturales, y Juanita Ancieta, de las Bartolinas, todos afines al MAS.
También firmó el exdirigente campesino
Damián Condori, quien entonces apoyaba
al proceso de cambio. En el documento sólo se observa los sellos de la APG, CEPSC y CPEMB.
En el
marco de la legalidad
Diego
García, abogado defensor de Achacollo, afirmó que cualquier documento que haya
suscrito su cliente en el Ministerio de
Desarrollo Rural lo hizo porque
"tenía las facultades prerrogativas de los reglamentos y normas” de la
entidad indígena.
El
jurista señaló que emitirá un criterio final
una vez que revise y analice a detalle la resolución ministerial que firmó la exministra Achacollo.
"Tengo que revisar los antecedentes; mi cliente firmó un sinfín de
resoluciones en su calidad de ministra, por tanto debo revisar y ver el sentido
de la resolución”, manifestó el jurista García a Página Siete.
"Se
agravó la crisis de corrupción en el Fondo”
El
fraccionamiento y cambio de rubro de los proyectos ahondó la crisis de corrupción porque los
dirigentes, miembros del directorio del Fondo Indígena, aprovechaban para pedir
diezmos a las comunidades beneficiarias, denunció Marco Antonio Aramayo, exdirector ejecutivo de la entidad indígena,
ahora detenido en San Pedro.
Aramayo
explicó que el fraccionamiento agravó la
crisis de corrupción en el Fondo porque
los dirigentes agarraban un proyecto de cinco o 10 millones de bolivianos, iban
y ofrecían a las diferentes comunidades proyectos y a cambio pedían
"diezmos”.
"Los
beneficiarios de los fraccionamientos no
sabían y los dirigentes ofrecían proyectos y decían: ‘tengo dos millones, un
millón para un proyecto, te doy pero de ahí me das un porcentaje’; eso hacían
los dirigentes miembros del directorio del Fondo Indígena”, sostuvo Aramayo.
En
enero pasado, la defensa de Aramayo, Héctor Castellón, denunció que su cliente
en 2013 y 2014 inició siete acciones
judiciales, tres acusaciones por delitos de malversación de fondos, dos por
discriminación y actos irregulares, uno por cobro irregular del 10% de los
proyectos; además se inició una querella por nombramiento ilegal, ejercicio
indebido de la profesión y daño económico al Estado.
Las
irregularidades del Fondo fueron denunciadas por Aramayo desde diciembre de 2013, pero recién en
febrero de 2015 la Contraloría confirmó un daño económico al Estado de 71
millones de bolivianos.
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