Por:
Gabriela Esquivada
ECUADOR (ANB / Infobae.com).- El periodista y escritor Fernando Molina y Susana Santos,
andinista experta en cuestiones etno-culturales, analizaron para Infobae la
inacción del presidente boliviano ante la represión ordenada por Correa.
Desde
que comenzaron las protestas sociales, a comienzos de agosto, la situación en
Ecuador se ha deteriorado: miles de personas se han manifestado contra
las enmiendas a la Constitución, la ampliación de la explotación petrolera y
minera, un acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea (UE) y los
cambios en la normativa sobre el agua y la educación. La mayoría de esos miles
son poblaciones indígenas que arraigan en territorios donde esos cambios
causarán efectos negativos. Se expresaron contra ellos en los ámbitos
pre-legislativos correspondientes y ahora protestan porque la normativa no
tiene en cuenta sus voces. Los manifestantes se instalaron pacíficamente en el
parque El Arbolito, a modo de Asamblea Nacional paralela.
El
periodista y escritor boliviano Fernando Molina, autor —entre otros
libros— de Conversión
sin fe: El MAS y la democracia y Evo Morales y el retorno
de la izquierda nacionalista, argumentó: "No es hecho aislado, ni en
Ecuador ni en los demás países gobernados por una izquierda que tiene una
visión instrumental no solo de la democracia —que apoya en tanto sea funcional
a su proyecto, pero que ignora si le exige sacrificios— sino también de los
movimientos sociales y los indígenas, que postuló como sujetos del cambio que
la llevó al poder pero que reprime cada vez que se le enfrentan".
En
efecto, las fuerzas de seguridad reaccionaron con represión. Se declaró un
estado de excepción. Se le quitó la visa a la pareja —unida por el rito
ancestral, no por la ley civil— de Carlos Pérez Guartambel, presidente de la
Ecuarunari: la periodista franco-brasileña Manuela Picq, corresponsal de la
cadena qatarí Al Jazeera, golpeada en una marcha, debió ir desde el
hospital donde la trataron hasta la Direccción de Migración, en Quito, donde
decidió viajar a Brasil, y tramitar la documentación de Mercosur.
No es
la primera vez, coincidió con Molina —aunque desde una perspectiva muy
diferente— la doctora Susana
Santos, titular de Problemas de Literatura Latinoamericana en la
Universidad de Buenos Aires, y andinista experta en cuestiones etno-culturales.
"En enero del 2009 la Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (CONAIE) denunció represión y violencia estatal contra varones y
mujeres indígenas a la vez que rechazó de manera categórica tener intenciones
'golpistas' —de lo cual los acusaban, como sucede ahora", señaló la autora
de ensayo "Imágenes
del populismo en las literaturas de América Latina".
Reclamos
ancestrales
El
entonces presidente de la CONAIE, Humberto Cholango, dijo: "Hoy elevamos
nuevamente nuestras voces altivas y rebeldes, unidas como una gran cascada
crecida, que dicen a la sociedad y al mundo que pese a los constantes
atropellos de gobernantes prepotentes, de los monopolistas del poder político y
económico serviles al imperialismo, '¡Kaipimi kanchik carajo!'
('¡Aquí estamos carajo!')".
La
investigadora de la cultura boliviana y andina señaló que "una vez más los
pueblos originarios del Ecuador organizados iniciaban la movilización nacional
en defensa del agua, la tierra, la soberanía alimentaria y la vida". Los
mismos elementos por los cuales exigen hoy que no se imponga la normativa nueva
que promueve el oficialismo.
EVO
MORALES, REFERENTE DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, NADA DICE SOBRE LA REPRESIÓN
EN ECUADOR
"Al
inicio post-constitucional del gobierno de Correa, en abril del mismo año 2009,
se vio un incremento de los conflictos indígenas", comparó Santos.
"Pasaron de dos a seis entre el primer y el segundo cuatrimestre de 2009,
para llegar en 2010 a 38 conflictos. Desde entonces la participación política
de los dirigentes indígenas, de sus organizaciones y de Pachakutek (su partido
político) aumentó progresivamente y ocupó el proscenio de las luchas sociales
ante el declive de los otros movimientos y actores populares".
La
última Constitución —"que se inaugura con una inequívoca declaración de
las pluralidad de culturas de la nación ecuatoriana, la celebración de la
naturaleza, la Pacha Mama y la prosecución del buen vivir, Sumak Kawsay",
destalló— reconoce un régimen especial a las comunidades indígenas "en
términos de autonomía y gestión territorial y de recursos". Lo cual
reclaman las comunidades movilizadas en El Arbolito.
Nueva
izquierda y viejo estatismo
Para
Molina —quien también recibió, entre otros premios, el Rey de España por su
trabajo periodístico, y es columnista del
diario El País de Madrid— la cuestión política es simple:
"Detrás de toda la propaganda acerca de una nueva izquierda tenemos
en realidad el viejo nacionalismo estatista, con su dependencia de los recursos
naturales, su vocación redistributiva, su exaltación del Estado y la patria
(concebidos como una unidad histórica a las que las parcialidades deben
plegarse), y su autoritarismo".
Santos
encontró otras complejidades: "El gobierno de Correa promovió la
participación política en ámbitos de la cultura, la educación, el desarrollo,
la administración de recursos y el gobierno. Sin embargo, la integración al
sistema político nacional (de partidos, electoral y parlamentario) dejó a las
organizaciones y dirigencias políticas un limitado margen de reivindicaciones
socio-políticas propias que le permitan afirmarse con relativa autonomía en
cuanto movimientos sociales. Y no es difícil encontrar que quienes no acuerdan
con el gobierno adoptan —de modo estratégico, no por convicciones— la posición
de los pueblos originarios para desde ella ejercer su propia oposición".
También
observó que la asunción del mando de Correa "contó, con toda intención
política, con el protocolo de la tradición pre-europea más arcana": contra
ese fondo, "la represión pone a prueba la ideología basal del programa
del gobierno".
La
CONAIE convocó a un "levantamiento" hasta que el Gobierno archive las
enmiendas constitucionales. ¿Es eso viable?
Molina:
—Claro que no. Es parte de la retórica de los movimientos sociales
latinoamericanos. Pero dado el talante represivo de Correa, se trata sin duda
de una exageración imprudente.
Santos:
—El motivo inmediato es una ley de educación, pero no es difícil advertir que
se trata de la punta de un iceberg que tiene que ver muy posiblemente con
planteos de reivindicaciones más amplias. En todo caso, es posible revisar y
revocar esas disposiciones siempre que haya voluntad política.
Carlos
Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, explicó que el objetivo es
establecer "las líneas de una verdadera legislación y fiscalización".
Al dirigente indigenista lo han llamado golpista, y se ha defendido diciendo
que el gobierno ha golpeado con leyes como "la Ley Orgánica de Educación
Intercultural que no hace valer su nombre de interculturalidad y que cierra
escuelas comunitarias", o las leyes de Minería y de Aguas que desoyeron lo
que las comunidades amazónicas dijeron en las consultas prelegislativas.
A
la luz de ese detalle, ¿cómo se puede interpretar el reclamo de una verdadera
legislación y fiscalización?
Santos:
—Como en otros casos, en nombre de la gobernabilidad se termina por
deslegitimar el conflicto y se corre el riego de ser criminalizado.
Molina:
—Lo que los indígenas piden, en el fondo, es control del Estado, y mayor
respeto a la pluralidad social. Esta demanda no es abstracta sino que traduce
la esperanza de participar más efectivamente en el Estado y de que las
polìticas públicas dejen de ser antiindígenas. Hay intereses y principios en
los movimientos indígenas que se oponen a los gobiernos de izquierda. Pero
estos, igual que en los años '90 hicieron los gobiernos neoliberales, sólo
pueden ver los intereses, no los principios.
"EVO
MORALES NO ESTÁ CON LOS INDÍGENAS, SINO CON CORREA"
Molina
continuó su comparación de dos ideologías muy diferentes en el poder pero con
idénticas acciones contra las comunidades indígenas: "Igual que en el
pasado, se niegan a reconocer cualquier dignidad y sentido a los movimientos
que se les oponen, así como a admitir que su comportamiento puede estar
equivocado, así fuera de modo parcial. Simplemente les arrebatan toda
legitimidad, por eso los acusan de golpistas. El resultado para estos gobiernos
será el mismo que para los derechistas que los antecedieron: llegará un momento
en que su actitud los desprestigiará. Lo que las demandas tienen de legítimo se
articulará en un frente de masas que debilitará su poder".
El
presidente Evo Morales, una de las voces principales en la defensa de los
derechos de las comunidades indígenas, no se ha pronunciado sobre estas
protestas. Tampoco sobre los ataques del Estado ecuatoriano a los manifestantes
indígenas. ¿A qué se podría deber ese silencio?
Molina:
—A que para él no se trata de manifestaciones indígenas, sino de acciones
imperialistas en contra de los gobiernos de cambio social. Morales sí se ha
manifestado, pero en contra de losgolpes blandos que se estarían
produciendo como resultado de una conspiración imperialista, que comienza con
la crisis económica y termina en protestas como la de Ecuador y Brasil. Estas
protestas, por tanto, para él no son de izquierda, sino de índole reaccionaria.
Evo Morales no está con los indígenas, sino con Correa. El no es un líder de
las luchas indígenas de América Latina sino de las luchas nacional-estatistas
para desarrollar al continentes desde arriba, cooptando a la mayor cantidad de
movimientos sociales, pero si es necesario en contra de ellos y cooptando a las
burguesías nacionales, pero si es necesario contra ellas.
Susana
Santos: —Los presidentes de países integrantes del UNASUR no comentan la
política interna de otros países de la UNASUR, a menos que sean convocados para
ello por sus colegas. Pensar que el presidente boliviano Evo Morales debería
pronunciarse porque es aymara es racismo.
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