LA PAZ, BOLIVIA (ABN / ABI).- El viceministro de Régimen Interior y Policía,
Jorge Pérez, dijo el miércoles que peruanos suministraron armas de fuego y
asesoraron a un grupo de bolivianos para atacar a los efectivos de Fuerza de
Tarea Conjunta (FTC) que tenían la misión de erradicar cocales ilegales y
excedentarios en la comunidad de Miraflores, en inmediaciones de Apolo.
'En la investigación se evidenció
que un grupo de personas se traslado a la localidad de San Fermín y se
reunieron con algunas personas presuntamente peruanas, que proporcionaron armas
y asesoraron para la emboscada y evitar el ingreso de la FTC a la zona de
erradicación', explicó en conferencia de prensa.
Dijo que esa conclusión se saca
porque 'el actuar de esas personas' no es propio de los comunarios, tomando en
cuenta que después de la emboscada, secuestraron a los uniformados, los
seleccionaron de acuerdo al rango; soldados a un costado y oficiales, jefes
oficiales a otro lado.
A excepción del subteniente de
Ejército, Oscar Gironda, que murió en la embocada y el cabo, Johnny Mamani,
herido de gravedad que luego falleció, dijo que ese grupo torturó, vejó y
ejecutó al suboficial de la armada, Johnny Yujra, el médico Michael Olivares.
El teniente Freddy Triveño y el coronel Miguel Ángel Mercado, 'sobrevivieron de
milagro'.
Ratificó que los imputados y
recluidos en la cárcel de Patacamaya sindicaron al dirigente Gregorio Cari
Contreras, como responsable de esos sucesos que dejó un saldo de 14 personas
heridas por armas de fuego, 18 policontusos y 4 fallecidos.
'Para nosotros en cuanto a la
acción por parte del Ministerio de Gobierno queda esclarecido esta emboscada
sanguinaria y asesina ocurrida en inmediaciones de Apolo', complementó.
Ratificó que fue una emboscada y
no un enfrentamiento, donde un sector utilizó armas de fuego y dispararon
contra la humanidad de los miembros de la FTC como -aseguró- corroboran los
datos que surgieron en el desarrollo de la investigación.
Ratificó que en alrededores de
Apolo había 500 hectáreas de coca, de las cuales, 230 eran ilegales y se
determinó en consenso y de forma pacífica, con apoyo de los comunarios,
erradicar 150 hectáreas.
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