LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- La viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos,
advirtió el lunes que la propuesta del sector de transporte pesado, que
mantiene bloqueadas las fronteras del país en demanda de una reducción de
impuestos, causaría una pérdida para el Estado de al menos 1.000 millones de
bolivianos en recaudaciones tributarias.
En conferencia de prensa, Ríos aseguró que
algunos puntos del pliego de demandas del transporte pesado son inatendibles,
debido a que afectarían los ingresos que recibe el Estado para construir obras
sociales en el país, como escuelas, hospitales y carreteras, entre otras.
"La propuesta del sector del
transporte tiene alrededor de 1.000 millones de bolivianos que el Estado
perdería en recaudación (tributaria), aspecto que no es atendible porque es una
importante suma que requiere el Estado para todos los beneficios que llegan al
final a la población, incluso al sector de transporte", remarcó.
Según Ríos, una de las propuestas del
transporte pesado plantea el pago único de los impuestos para el sector, es
decir, un solo aporte que concentre el Impuesto al Valor Agregado (IVA),
Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto a las Utilidades de las
Empresas (IUE), cuya aplicación significaría una pérdida anual en recaudaciones
de 513 millones de bolivianos.
Agregó que ese planteamiento también
conlleva que el Estado boliviano deje de controlar a todos los proveedores del
transporte pesado, en temas de repuestos, llantas o mantenimiento.
Por otro lado, dijo que también piden la
abrogación de la norma que establece el reconocimiento fiscal de sólo el 70% de
las facturas por la compra de combustibles, ya que ellos quieren que se
reconozca el 100% de esas notas fiscales.
Sostuvo que esa norma permite ahorrar cada
año al Estado alrededor de 450 millones de bolivianos, parte de los recursos
destinados en la subvención de los hidrocarburos, que el año pasado significó
un gasto de 2.500 millones de bolivianos y en 2014 alrededor de 5.500 millones
de bolivianos.
La autoridad relievó que el transporte
pesado tiene en sus manos una propuesta gubernamental para resolver una de sus
demandas, referente a la constitución de empresas, que responde al pedido de
reducir de 100 a 25 toneladas la capacidad de arrastre que debe que tener una
empresa para formalizar operaciones.
"Se les ha mandado un proyecto de
decreto supremo que permite darles esta posibilidad", dijo.
Además, sostuvo que se firmó un acuerdo con
ese sector, en 2013, que les autorizó a adjuntar gastos de salud, telefonía,
alojamiento, vestimenta y otros, como parte del crédito fiscal respecto al
descargo del IVA, hasta un monto de 8.880 bolivianos al año.
"Esto está plenamente vigente, se está
aplicando y fue socializado por el Servicio de Impuestos Nacionales",
remarcó.
"El diálogo siempre fue franco y
abierto, no se ha roto, se ha escuchado sus peticiones y se ha respondido buena
parte de ellas", agregó.
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