LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) exigió el miércoles a la Fundación Nueva Democracia, del Secretario de
Coordinación de la Gobernación de Santa Cruz y dirigente del partido opositor
'Verdes', Oscar Ortiz, demostrar y documentar sus denuncias sobre las
inexistentes '60 ejecuciones extrajudiciales' que aseveró se realizaron en el
país desde que el presidente Evo Morales juró al cargo, informaron fuentes
oficiales.
El ministro de Gobierno Carlos
Romero, representó a Bolivia en la audiencia sobre 'Derechos Políticos e
Independencia Judicial en Bolivia', durante el 149 Período de Sesiones de la
CIDH, en Washington, Estados Unidos.
En esa audiencia, la Fundación de
la oposición improvisó la acusación de las supuestas 'ejecuciones
extrajudiciales' y ofreció como testigo a un presunto diplomático húngaro que
no fue mencionado en la denuncia ni en la petición de audiencia ante la CIDH,
reseña un boletín institucional.
Los integrantes de la CIDH
coincidieron en que la presencia del supuesto testigo implicaba la
participación de un tercer Estado, además que los representantes de la
oposición política debían documentar sus denuncias.
El ministro Romero dijo que 'la
audiencia sirvió para demostrar el carácter político de la Fundación Nueva
Democracia y su tendencia de ultraderecha conservadora de oposición al Gobierno
del presidente Evo Morales'.
Romero reveló que el alegato de
la Fundación Nueva Democracia (entregado a la CIDH y derivado al Gobierno de
Bolivia) mencionaba varios otros casos de supuestas violaciones a los derechos
humanos, especialmente relacionados a la libertad de expresión.
Sin embargo, los representantes
de esa organización política intentaron direccionar la sesión para deslegitimar
el proceso por 'terrorismo-separatista' y los juicios por corrupción en contra
de ex autoridades de la oposición que hoy están en condición de prófugos de la
justicia.
El ex embajador de Gonzalo
Sánchez de Lozada en Estados Unidos, Jaime Aparicio, y el activista de Nueva
Fuerza Republicana (NFR), Teddy Gamboa, estuvieron presentes en la sesión para
ejercer presión sobre la CIDH.
La presentadora Marianela
Montenegro, que según el Tribunal Nacional de Ética Periodística, incurrió en
actitudes racistas y anti-éticas discriminatorias, también estuvo presente en
la audiencia para alentar a la fundación opositora.
Los representantes de la
organización opositora cayeron en la contradicción al denunciar un supuesto
sometimiento del Órgano Judicial al poder político y presentar como prueba un
fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declara como inconstitucional
algunas suspensiones de autoridades, supuestamente promovidas por el Gobierno.
Los peticionarios políticos no
pudieron demostrar una sola de las presuntas 60 ejecuciones extrajudiciales y
tampoco justificaron las razones de fuga de las ex autoridades procesadas por
corrupción, insistió Romero.
La Fundación de Ortiz, denunció
además una supuesta persecución política contra dirigentes de la oposición por
el caso de tortura y vejámenes contra indígenas el 24 de mayo de 2008.
Pero cuando Romero mostró las
fotografías de indígenas obligados a arrodillarse en la plaza principal para
entonar cánticos de la oposición, la CIDH recomendó a los peticionarios
documentar mejor su denuncia.
'La audiencia sirvió para
caracterizar a la Fundación Nueva Democracia como instrumento político
ultraconservador del movimiento separatista que en 2003 manifestó a través de
una solicitada del Comité Cívico Pro Santa Cruz, entonces dirigido por el
actual gobernador Rubén Costas, su advertencia de escindirse del territorio
patrio', acotó Romero.
El presidente del Tribunal
Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, explicó ante la CIDH el proceso de
profundización de los derechos ciudadanos y la ampliación de las garantías
constitucionales en una administración de justicia cuyas autoridades máximas
son elegidas por el pueblo.
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