Uso
indebido de bienes
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Luego que el secretario general del sindicato de
trabajadores de YPFB-Aviación Marcos Melgarejo, se acogiera al derecho al
silencio el pasado viernes ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, el abogado denunciante Mauricio Gonzales dijo
que esperan que la empresa estatal solicite en las próximas horas la imputación
formal, debido a los suficientes elementos de prueba que respaldan una acción a
cargo del Ministerio Público.
Aclaró
que como denunciantes no estuvieron presentes en la comparecencia del dirigente
ante el investigador asignado al caso, pero conocieron que ante las preguntas
de la Fiscalía que tiene el caso hace más de dos meses, el denunciado prefirió
argumentar derecho al silencio.
Gonzales
sostuvo que asumieron el rol de denunciantes y por tanto tienen restricciones
de conocer más detalles. Indicó que el llamado por ley es YPFB-Aviación, a través de su representante
legal, porque presentó una querella.
Sin
embargo el abogado observa que la empresa “no tienen mucho interés en dicho
proceso” lo cual podría volcarse incluso
en su propia contra, porque la ley asigna responsabilidades a las entidades del
Estado a cuidar los bienes públicos.
“Esperemos
que sean los querellantes quienes aporten mayores elementos de prueba y que
soliciten la respectiva imputación formal, pues la prueba del rastreo satelital
y otros elementos de prueba serían a criterio mío suficientes para
fundamentarla”, declaró a la prensa.
Anticipó
que en esta etapa, debido a las limitaciones sobre actuaciones, solo harán
seguimiento al desarrollo del proceso tanto en la Fiscalía de Santa Cruz como
en la empresa estatal, ante “posibles represalias laborales, contra afiliados y
no afiliados del sindicato”.
A fines
de febrero a través del sistema GPS, la empresa detectó que una movilidad
solicitada como apoyo logístico para fines sindicales, fue llevada por el
dirigente a un motel donde permaneció durante más de dos horas, motivo por el
que YPFB-Aviación presentó querella por cargos de uso indebido de bienes del
Estado.
El
lento proceso de investigación a cargo de la Fiscalía de Santa Cruz fue
observado por los diputados Luis Felipe Dorado (UD) y Edgar Montaño (MAS) que
reclamaron mayor celeridad, tomando en cuenta las pruebas aportadas a la
denuncia, recordando además que el gobierno pregona que no hay encubrimiento a
ningún acto de corrupción.
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