PANDO,
BOLIVIA (ANB / BBC).- "¡Córtenme la lanza! ¡Corten con un
cuchillo esta lanza para que pueda vivir!" A pesar de su ruego
desesperado, Buganey Caiga, indígena huaorani de unos 64 años, murió. Fue en
plena selva ecuatoriana y dicen que no fue una muerte rápida. La mujer estaba
junto a su esposo Ompure Omeway, de 70, en una aldea llamada Yarentaro, dentro
de una zona de explotación petrolera, cuando fueron atacados por otros
indígenas de un pueblo que no tiene contacto con el mundo occidental. Cuatro
lanzas se clavaron en su vientre y costado. Tardó más de una hora en morir.
El relato de estos hechos
sucedidos hace más de un año lo recoge el libro "Una tragedia
ocultada", escrito en 2013 por el sacerdote capuchino Miguel Ángel
Cabodevilla. Un video estremecedor, supuestamente grabado por los familiares de
Buganey, circuló por Internet. "¡Voy a matar a todos!", se escucha en
la grabación. Lo grita furioso, entre sollozos, uno de los hijos de Ompure. Y
según algunos indicios, así ocurrió, tal y como manda la tradición de estos
indígenas amazónicos.
Como casi todo en esta
historia, los datos están confusos. Los fallecidos en la venganza huaorani
pudieron ser hasta 30, incluidos mujeres y niños, del pueblo indígena oculto
tagaeri-taromenane, de unos 300 individuos. Pero no se recuperaron cadáveres.
Sí hubo dos niñas que se llevaron los autores de las muertes y también fotos y
testimonios de los propios participantes en la represalia.
Las circunstancias que rodearon
el caso -incluida la prohibición judicial del libro de Cabodevilla- hicieron
que saltara a los titulares de la prensa nacional e internacional y que incluso
llegara a organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Si estos hechos hubieran
ocurrido en la capital ecuatoriana, Quito, de inmediato se hubiera dado
intervención a fiscales y jueces. Sin embargo, las muertes sucedieron en un
lugar de la selva que no figura en los mapas, a donde sólo se accede por
helicóptero o tras varios días de caminata, en un parque natural que esconde
bajo tierra800 millones de barriles de petróleo. Y en estas circunstancias, más
de un año después del suceso, Ecuador aún no sabe cómo resolver la situación.
Tampoco supo en otra matanza
muy similar -en 2003- y aún se espera un fallo sobre una muerte en la comunidad
indígena quichua de La Cocha en 2010, entre otros.
¿Hay que aplicar la justicia
ordinaria que rige el Estado, a la que los juristas locales se refieren como
"mestiza"? ¿O bien es un asunto de justicia indígena? ¿Se puede
buscar una salida intercultural, de acuerdo al Estado "plurinacional"
que reconoce la Constitución para Ecuador?
En estos días, el expediente
acaba de llegar a la Corte Constitucional para aclarar la situación.
Concepto de delito
Por la muerte de Buganey Caiga
y la posterior represalia hay hasta el momento una quincena de imputados, cinco
de ellos en prisión preventiva desde noviembre, pero el proceso judicial ha
estado parado desde entonces.
Las partes afectadas y algunos
expertos tienen distintas visiones sobre cómo resolver el caso, contrapuestas a
la posición que ha mostrado el presidente Rafael Correa y la Fiscalía.
"Todo el mundo tiene
nociones de moral, del bien y del mal, y saben que matar es malo. Ellos son
huaoranis contactados, tienen que regirse por el Estado de derecho",
señaló el mandatario.
Correa entiende que se ha
llegado a "un punto de quiebre" en el que "o se cede, como con
la matanza de 2003, o de una vez por todas se demuestra que, sean del pueblo
indígena que sean, nadie puede estar por encima de la ley ni atentar contra el
bien más preciado, que es la vida", según expresó en una de sus cadenas
televisivas sabatinas.
En coincidencia con esta
postura presidencial, la Fiscalía ha presentado una acusación por delito de
genocidio, que el Código Penal ecuatoriano sanciona con 16 a 25 años de
prisión.
"Corresponde a la justicia
mestiza la investigación y sanción" por tratarse de un delito contra la
vida, explicó el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga.
La misma Fiscalía, sin embargo,
ha llevado en simultáneo el caso a la Corte Constitucional con el objetivo de
"evitar que se vulneren los derechos de los procesados como integrantes de
una nacionalidad indígena".
El temor es que la pena que
podría aplicarse, en caso de determinarse la culpabilidad, suponga en sí misma
una violación a la Constitución: no estaría teniendo en cuenta "elementos
culturales relacionados con las costumbres y prácticas ancestrales" que la
misma carta magna reconoce.
Reclamos contra el Estado
Entre los juristas y
antropólogos consultados por BBC Mundo, hay coincidencia en que los pueblos
indígenas implicados -tanto los huaoranis, que tienen contacto con otros grupos
como los aislados (a los que aquí se llama "no contactados")- consideran
tradicionalmente la venganza como una obligación social.
Varios opinan que incluso en
las comunidades y entre los hoy presos difícilmente se entienda el porqué de la
prisión.
"Hay un gran
desconocimiento de lo que pasa en el mundo indígena y todos los casos del mundo
indígena que han llegado al pleno de la Corte Constitucional han salido
desfavorables", destaca el antropólogo de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (Flacso), Fernando García.
Roberto Narváez, que ha
elaborado un informe antropológico para la Fiscalía, destaca además que el
factor de la ocupación territorial por las industrias.
"La presión que existe
desde afuera lleva a los taromenane a no estar asentados y no tener capacidad
de sembrar. Las instituciones del Estado deberían preocuparse porque se están
limitando mucho sus elementos de subsistencia".
Según el experto, agentes con
intereses económicos buscan evitar el juicio según las leyes ecuatorianas,
porque temen que una condena según normas no indígenas lleve a un aumento del
nivel de conflicto en la zona, que concentra la mayor riqueza petrolera de
Ecuador.
En esta línea, el defensor
público general, Ernesto Pazmiño -que defiende la plena competencia de la
justicia indígena-, señala a BBC Mundo que "el camino es reconocer la competencia
de las autoridades indígenas y establecer un mecanismo de coordinación".
Justicia intercultural
Pero, ¿es viable que funcione
la justicia indígena al margen de las normas establecidas por leyes y códigos
vigentes en el país?
La Carta Magna de 2008 reconoce
a estos pueblos el derecho colectivo a mantener y desarrollar sus
"tradiciones ancestrales" y a "crear, desarrollar, aplicar y
practicar su derecho propio o consuetudinario" pero sin "vulnerar
derechos constitucionales".
Así, muchos creen que es
necesario abrir el diálogo con las comunidades y organizaciones indígenas.
"Es una oportunidad histórica", señala García.
El experto en justicia indígena
y decano de Derecho del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Juan
Montaña, lamenta que, hasta el momento, "lo peor" es que se "ha
desconocido que es un problema entre dos grupos indígenas" y se pretende
juzgar desde una visión "liberal" de la justicia occidental e
ignorando la interculturalidad. "Se han elegido los peores caminos",
indica, poniendo como ejemplo el encarcelamiento de los huaoranis.
En contraste, el penalista
César Albán, en declaraciones al diario gubernamental El Telégrafo, considera
que todos los ciudadanos ecuatorianos que han aceptado el contacto con la
cultura occidental deben someterse a la justicia ordinaria, así pertenezcan a
un pueblo indígena.
El jurista, que apuesta además
por la integración de quienes ahora viven aislados para que puedan subsistir,
defiende el derecho "objetivo" frente al "subjetivo".
Debate complejo
"Complejo" es el
calificativo que se maneja desde todos los sectores a la hora de analizar el
debate de justicia indígena y justicia ordinaria.
Es una "situación
límite", indica el coordinador del Centro de Derechos Humanos de la
Universidad Católica en Quito, el jurista Mario Melo, que señala dos
escenarios, contrapuestos pero igualmente negativos, que podrían darse: tanto
la condena por genocidio, que cree que "generará más violencia", como
la "impunidad total" porque "nadie tenga capacidad" para
dar una respuesta.
El misionero Cabodevilla, quizá
una de las voces con mayor eco en Ecuador en ese tema, no oculta su crítica
hacia la sociedad en su conjunto: "Es un tema que no interesa",
asegura.
Cárcel o aprendizaje es la
propuesta que Cabodevilla afirma que debe plantear el Estado al pueblo
huaorani: que no habrá prisión por esa vez si las comunidades aceptan procesos
de instrucción larga, una "confesión exacta" de los hechos y firman
el compromiso de que, si se repiten los hechos, se les aplicará para juzgarlos
la ley mestiza que impera en el Estado.
La Corte Constitucional ya ha
oído los argumentos de las partes y de los expertos y queda ver si los
magistrados visitan o sesionan en la zona indígena, como lo hizo la Corte
Interamericana para otro caso anterior, el de Sarayaku contra el Estado
ecuatoriano.
El máximo intérprete de la
Constitución tiene hasta fines de julio para ofrecer una interpretación, pero
pocos confían en que se cumplan los plazos.
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