PROXENETA DE QUILLACOLLO ESTARÁ 9 AÑOS EN LA CÁRCEL

Una menor estaba reportada como desaparecida

POTOSI, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La Fiscalía Corporativa de Atención Especializada a Víctimas de Violencia (FEVAP) consiguió una sentencia de nueve años de cárcel para Romer Iraizos, por el delito de Proxenetismo.

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Óscar Vera, informó que la condena fue dictada en audiencia realizada en el Tribunal de Sentencia N° 2 de Quillacollo instancia donde el Ministerio Público presentó los elementos que prueban la comisión del delito acusado.

“El trabajo responsable desarrollado por La FEVAP, representada por la Fiscal Cynthia Prado, hizo posible que Iraizos sea condenado y cumpla su pena de nueve años de privación de libertad en el Penal El Abra en Cochabamba”, señaló.

Esta sentencia es la primera condena en el país contra personas que aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas menores lucran con el cuerpo de ellas para satisfacer deseos sexuales ajenos y a cambio obtener lucro.

 Una menor, la víctima

De acuerdo a un boletín de prensa de la Fiscalía del Estado, en el presente caso, el lenocinio donde fue encontrada la menor que había sido reportada como desaparecida estaba ubicado al frente de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) en Quillacollo y funcionaba las 24 horas del día.

“La importancia de esta condena radica en el desarrollo alcanzado por los administradores de justicia que adquieren la convicción para considerar este tipo de delitos como atentatorios al orden social y de grave violación a los derechos humanos de las menores”, sostuvo el Fiscal Departamental de Cochabamba.

Óscar Vera lamentó que en la sociedad se haya hecho costumbre o naturalizado la prostitución de menores a manos de proxenetas, “chulos”, “cafisos” o de sus propios parientes como en este caso.

En este tipo de delito existe penalidad tanto para el que lucra con la integridad sexual de las menores como para el que consume prostitución.

“El Ministerio Publico compromete sus mejores recursos a fin de que estos hechos no queden en la impunidad pese a que las víctimas se muestran reticentes por el temor y adecuación a sus explotadores y las instituciones son reacias a perseguir de oficio hasta alcanzar sanciones, peor cuando los proxenetas como en este caso son funcionarios públicos”, finalizó Vera.