PANDO, BOLIVIA (ANB / ANF).- García Mérida responsabilizó al ministro de la Presidencia
del escándalo que involucra a Evo Morales y Gabriela Zapata; exige su renuncia
y la aplicación de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz para establecer el origen
de la fortuna que posee la joven empresaria.
El periodista
Wilson García Mérida, director del periódico digital Sol de Pando, denunció que
ese portal sufrió un ataque cibernético que lo dejó inactivo horas después de
que publicara una nota en la que vinculó al ministro Juan Ramón Quintana con el
escándalo de supuesto tráfico de influencias en las que está involucrada
Gabriela Zapata, expareja de Evo Morales.
García
Mérida, director de Sol de Pando, en declaraciones a ANF, expresó que el
técnico de su periódico digital comprobó que el portal quedó fuera de servicio
después de un ataque informático. “No es la primera vez que sufrimos este tipo
de agresiones”, dijo García Mérida.
El
periodista atribuyó el ataque a la investigación que publicó ese medio sobre
las supuestas conexiones de Zapata con el ministro Quintana.
En un
extenso informe detalla que Zapata comienza en 2015, cuando tenía 26 años, a
realizar inversiones creando su propia empresa, denominada Consilium SRL para
luego ejercer funciones ejecutivas en las trasnacionales “Telemenia” (israelí)
y “CAMC” (china), a través de las cuales obtiene millonarios contratos con el
Estado.
“No
se explica la fortuna que amasó en los últimos dos años la precoz empresaria
que pertenece a una élite de nuevos ricos encabezada por el ministro de la
Presidencia, quien toma decisiones a espaldas del Presidente, traficando
influencias en nombre de Evo. Corresponde una investigación de fortunas en
aplicación de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y la renuncia de Quintana”,
decía el artículo, que fue enviado a ANF.
La
nota agrega que de acuerdo a esa norma, “este nivel de gastos suntuosos de una
abogada de 29 años (Zapata) sin mayores antecedentes empresariales ni
hereditarios, amerita un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) —por parte de
la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) del Ministerio de Economía— para
iniciar la investigación que determine el origen de esa fortuna”.
El
informe periodístico asegura también que Quintana ingresó en “falsedades y
contradicciones” al negar que Zapata tuviera vínculos con el Gobierno o al
asegurar que los contratos cuestionados fueron realizados con anterioridad al
inicio de la relación de Zapata con CAMC en 2013.
En
julio del 2011 García Mérida denunció que el ministro Quintana ordenó la
confiscación del tiraje de su semanario en Cobija y la detención de la
encargada de distribución a raíz de una publicación que establecía la supuesta
responsabilidad del ministro en la apropiación del territorio indígena
Pacahuara a favor de una empresa maderera que se benefició con 250.000
hectáreas en concesiones forestales, sellando la cuasi extinción de ese pueblo.
García Mérida también denunció al narcotraficante Mauro Vásquez, de quien
también dijo gozaba de la protección de Quintana.
Crítica
de García Mérida a Valverde
En
dicho artículo, el periodista sale indirectamente en defensa del presidente
Morales al criticar el modo en que el periodista Carlos Valverde expuso el tema
al mencionar el nombre del hijo que el Presidente tuvo en 2007 con Zapata, y
que luego falleció. Morales se declaró víctima de una “conjura” desatada por
Valverde.
Según
el director de Sol de Pando, Valverde “no tuvo el tino de usar el certificado
de nacimiento en última instancia, guardándolo precavidamente como respaldo.
Eso hacemos los periodistas. Obró al revés, sin escrúpulos. Un bebe no tiene la
culpa. La Ley en Bolivia dice que todo niño tiene derecho al respeto de su
honor, privacidad y dignidad como ser humano, desde que nace”.
En
efecto, el periodista recordó que el artículo 144 del Código del Niño, Niña y
Adolescente consagra el derecho a la protección de la imagen y de la
confidencialidad de los menores en los incisos II y III de esa norma, que
establecen que autoridades judiciales, servidores públicos y el personal de
instituciones privadas tienen la obligación de resguardar la identidad de los
menores y que los medios de comunicación están obligados a preservar su
identidad “en los casos que afectaren su imagen o integridad”.
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