EL ALTO, BOLIVIA (ANB / ABI).- La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, afirmó el
miércoles que el resarcimiento de 35 millones de bolivianos que demanda la
empresa Fabros, por la anulación del contrato de compra-venta de los buses
Sariri, supone un daño económico y se debe identificar a los responsables.
"Tenemos la información mediática, no
ha llegado la resolución de Sucre, lo que corresponde como municipio es enviar
a la Contraloría, si ha habido un daño económico al Gobierno Municipal de El
alto se tiene que identificar quiénes son los responsables y estos tienen que
resarcir los daños", explicó a los periodistas.
Chapetón informó que enviará la
documentación emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional a la
Contraloría General del Estado para identificar responsables.
"No olvidemos que la Ley Marcelo
Quiroga Santa Cruz es absolutamente
clara e identifica quiénes son los responsables", recalcó.
Por su parte, el secretario de Transporte
de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto, Renán Cabezas,
aseguró que los responsables del daño económico a la Alcaldía son el Ejecutivo
y el Concejo Municipal de la anterior gestión, que pidieron anular el proceso
de contratación con la empresa Fabros.
"Lamentablemente el año 2013 el
Gobierno Municipal ha abortado un proyecto que ya había cumplido con un proceso
legal, había una licitación publica internacional para la compra de 60 buses a
GNV", complementó.
Cabezas, puntualizó que ese proceso de
anulación fue apoyado también por los dirigentes de los choferes y gremiales
que argumentaron que en el proceso de licitación con la empresa Fabros existía
sobreprecio.
"Se tiene que hacer un juicio de
responsabilidades y aquí tiene la obligación la MAE, así señala la Ley Marco de
Autonomías, no podemos pagar con el dinero del pueblo alteño, cuántas cosas
podríamos hacer con 35 millones", reflexión la Alcaldesa de El Alto.
En septiembre de 2013, la empresa Fabros
Motors, representante de la King Long en Bolivia, se adjudicó la licitación
para 60 buses 'Sariri', destinados al transporte masivo de El Alto, no
obstante, esa adjudicación fue anulada unilateralmente por el Concejo
Municipal.
Por esa decisión, la empresa inició una
demanda que fue inicialmente negada en la Sala Penal de La Paz, no obstante,
presentó un amparo constitucional al Tribunal Constitucional Plurinacional y
través de la sentencia de marzo 0276/2015 concedió la tutela a Fabros Motors y
revocó la resolución pronunciada por la Sala Penal de La Paz.
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