LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- La Fiscalía Departamental de La Paz informó el sábado sobre
la detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz de Carlo Marvin
Ramírez Aramayo, socio de la ex gerente comercial de la empresa china CAMC,
Gabriela Zapata, por la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias
ilícitas; uso indebido de bienes y servicios públicos del Estado, además de uso
indebido de influencias y asociación delictuosa, todos en grado de complicidad.
"El Ministerio Público está realizando
actuaciones importantes para descubrir la verdad de los hechos vinculados a
Zapata, por lo que se ha podido establecer que existen personas vinculadas a
hechos irregulares, una de ellas es Ramírez, quien hizo el uso indebido de la
Unidad de Gestión Social", señaló el fiscal departamental, Edwin Blanco.
En la audiencia de medidas cautelares, la
comisión de fiscales señaló que, de acuerdo a la investigación contra Zapata,
por la supuesta comisión de ocho delitos, se determinó que Ramírez ingresaba a
las oficinas de Gestión Social para sostener reuniones con la imputada y
Cristina Choque, ex titular de esa dependencia estatal.
Se estableció que Ramírez mantenía contacto
con Zapata mediante llamadas telefónicas y constantes encuentros, incluso con
empresarios.
Ante lo expuesto, la comisión de fiscales
demostró que el accionar del imputado se subsume en el tipo penal de asociación
delictuosa debido a que desde 2011 hasta 2013 ingresó en reiteradas
oportunidades a la Unidad de Gestión Social, algunas veces solo y otras en
compañía de Zapata.
Asimismo, de acuerdo con la investigación,
Ramírez hacía uso y beneficio personal de esas oficinas para facilitar la
comisión de legitimación de ganancias ilícitas y el uso indebido de
influencias, entre otros delitos.
En ese marco, los fiscales asignados al
caso evidenciaron el riesgo procesal de fuga, porque no existe certeza sobre la
existencia de un domicilio, trabajo o familia asentados en el país.
También, se probó que el comportamiento del
imputado en el proceso fue reticente, toda vez que el Ministerio Público tuvo
que emitir una resolución de aprehensión.
Por otro lado, estableció el riesgo de
obstaculización, porque se presume que el imputado en libertad destruirá,
ocultará, suprimirá y/o falsificará elementos de prueba por la relación
existente entre todos los imputados.
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