El
gobierno debía de darle protección policial
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| La casa de Berta Cáceres. Foto: AFP |
ESPAÑA (ANB / Fuente: El País).- La hondureña Berta Cáceres cumplía todos los requisitos para
ser víctima de la violencia en Honduras, uno de los países más inseguros del
mundo. Mujer, defensora indígena, activista de los derechos humanos,
ambientalista y opositora gubernamental.
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había obligado en 2009 al
Estado de Honduras a otorgarle protección policial por las frecuentes amenazas
contra su vida como veterana lideresa del (no estatal) Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.
Cerca
de la una de la madrugada de este jueves, unos desconocidos entraron en su casa
en una colonia de la ciudad de La Esperanza, cabecera del suroccidental
departamento de Intibucá, y la asesinaron.
Citado
por el diario La Prensa, de la norteña ciudad de San Pedro Sula, Gustavo
Cáceres, hermano de la activista, recordó que “Berta tuvo miles de amenazas. Su
arma era la voz, nunca anduvo armada, la amenazaron por su lucha amplia, por la
riqueza de nuestros pueblos. Era un tesoro en la lucha por los derechos de los
pueblos indígenas”.
Madre
de cuatro hijos, Cáceres encabezó un movimiento que en 2013 y en 2014 logró que
el Banco Mundial y la estatal china Sinohydro, una de las más grandes
constructoras mundiales, desistieran de edificar una represa hidroeléctrica en
el occidental río Gualcarque, catalogado por los lencas como sacro y crucial
para su subsistencia.
Su
asesinato ha conmocionado a un país con una tasa de homicidios por cada 100 mil
habitantes que bajó de 68 en 2014 a 62 en 2015, según la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras.
El
embajador estadounidense en Honduras, James Nealon, condenó “fuertemente este
repudiable crimen” y “cobarde asesinato”.
El
secretario hondureño de Seguridad Pública, Julián Pacheco, también lamentó los
hechos e informó de que fue retenido el vigilante del residencial en el que
vivía Cáceres.
Pacheco
alegó que aunque la activista “siempre iba resguardada” en sus desplazamientos
en Intibucá, “la residencia donde perdió la vida no había sido reportada a los
custodios”.
Cáceres
se había reunido la semana pasada con responsables de su seguridad, admitió.
El 29
de junio de 2009, la CIDH le otorgó medidas de protección porque “fuerzas
militares” rondaron su casa por oponerse al golpe de Estado que depuso al
entonces presidente hondureño Manuel Zelaya.
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