SUCRE, BOLIVIA (ANB / ABI).- La directora de la Unidad Nacional de Transparencia del
Consejo de la Magistratura, Jenny Ibáñez, informó el miércoles que las
investigaciones que realiza el Ministerio Público por un presunto hecho de
corrupción en Derechos Reales (DDRR) de Chuquisaca, no avanzan desde noviembre
de 2014.
"El Consejo de la Magistratura, a
través de la Unidad Nacional de Transparencia y la Sala de Control y
Fiscalización no se quedó con los brazos cruzados, redoblamos esfuerzos para
poder conseguir expedientes e informes y logramos recabar documentaciones
valiosas que le servirá a la jueza que está llevando el caso, sin embargo, no
hay avances en las investigaciones por el Ministerio Público, ni siquiera hay
una imputación formal", dijo.
Explicó que la denuncia está relacionada
con supuestas irregularidades en la inscripción en DDRR de un predio de 40
hectáreas sin cumplir los requisitos mínimos y la Fiscalía Departamental abrió
investigación por uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.
Según el expediente, que se encuentra en el
Juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal de la Capital, a cargo de Ximena
Mendizábal, cuatro funcionarios de DDRR habrían registrado de forma irregular
un terreno destinados a áreas verdes ubicado en la zona de Cal Orck'o de esta
ciudad.
Ibáñez precisó que en el protocoló de
adquisición de ese terreno solamente se efectuó con un documento de
compraventa, sin planos; ellos consignaron la superficie (39.0958 hectáreas)
cuando en el documento original de inscripción de 1927 no se establecía la
superficie ni las colindancias. Además ese terreno no había pagado impuestos
hasta 2001.
"Por el informe elaborado hay un
funcionario del Gobierno Municipal de Sucre y cuatro funcionarios de Derechos
Reales que están implicados", subrayó.
Asimismo precisó que la denuncia apunta a
los cinco funcionarios de ambas reparticiones que supuestamente habrían
adulterado y registrado datos no relacionados con la propiedad.
Para Ibáñez otro supuesto acto ilegal es
que el documento fue protocolizado por una Notaria de la capital el 24 de abril
de 2014 sin la presencia física de las partes, compradora y vendedora, además,
40 años después, el municipio de Sucre certificó que el predio era rústico,
fuera del radio urbano, y por tanto no era sujeto del pago de impuestos.
El Juzgado Tercero de Instrucción en lo
Penal de la Capital fijó audiencia para el 31 de abril.
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