Opositora
Corina Machado
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- María Corina Machado (Caracas, 1967) es la bestia negra de
chavismo desde hace una década, cuando emergió a la vida pública venezolana
como representante de Súmate, una organización que asumió la tarea de
fiscalizar al poder electoral. Desde entonces le ha pasado de todo.
En estos
años, dicen algunos analistas, no ha habido una personalidad política
venezolana que haya sido víctima de una campaña más despiadada. Hace diez días
le imputaron el delito de conspiración en una supuesta trama de magnicidio en
contra del presidente Nicolás Maduro. Esta acusación llega en medio del descontento
de los venezolanos con su penosa situación económica y con una oposición
arrinconada y sin iniciativas para capitalizar este descontento. El pasado
viernes, Machado recibió a EL PAÍS en su despacho en Caracas.
Pregunta.
Hay venezolanos que consideran que el poder judicial es un apéndice del
Ejecutivo y que si usted no está detenida es porque el Gobierno no lo ha
querido.
Respuesta.
Nadie en Venezuela desconoce la naturaleza del poder judicial.
No
hay precedentes en nuestra historia de violaciones masivas y continuas a los
derechos humanos como las ocurridas entre febrero y junio
P.
¿De quién depende entonces su prisión? ¿De una decisión de Maduro o de Diosdado
Cabello, número dos del Gobierno?
R. Lo
importante es qué estamos dispuestos a hacer nosotros. Mis hijos me preguntaban
lo mismo el día que llegó el Sebin (la policía política) con la citación
judicial. Mi respuesta no será huir, ni claudicar, sino enfrentar esta infamia
con la verdad. ¿Hasta dónde pueden llegar? Hasta donde los dejemos.
P. El
Senado de Estados Unidos ha aprobado ampliar las sanciones contra funcionarios
venezolanos que participaron en la represión de las protestas entre febrero y
junio de este año. Esta decisión llega después de conocerse su imputación.
¿Usted, una de las líderes de ese movimiento que tomó las calles para exigir el
cese del presidente, ve alguna relación entre un hecho y otro?
R.
Esta decisión del Senado también llega después de que el Comité contra la
Tortura de Naciones Unidas publicara un informe demoledor contra el Gobierno
del señor Maduro. No hay precedentes en nuestra historia de violaciones masivas
y continuas a los derechos humanos como las ocurridas entre febrero y junio.
Esto recuerda que los crímenes de esta naturaleza tienen consecuencias globales.
En Estados Unidos coincide, además, con el informe del Senado sobre los métodos
crueles empleados por la CIA para obtener información después de los atentados
terroristas del 11 de septiembre de 2001. Esto nos llama a la conciencia.
Porque una democracia que tiene capacidad de cuestionarse para corregirse tiene
autoridad para denunciar violaciones a los derechos humanos de regímenes
opresores. Y obviamente esto hay que ponerlo dentro del contexto de lo que ha
ocurrido en Venezuela este año. La respuesta brutal del régimen a la expresión
democrática y cívica de febrero no puede ser pasada por alto. A los venezolanos
se nos han cerrado las vías institucionales para ejercer nuestros derechos y se
están extinguiendo los mecanismos de comunicación para denunciar estos abusos.
La protesta es un derecho avalado en la Constitución venezolana. Esa respuesta
desproporcionada a esas manifestaciones ha puesto en evidencia su verdadera
naturaleza: un régimen capaz de todo, sin escrúpulo alguno con tal de mantenerse
en el poder.
P.
Maduro ha reaccionado a este anuncio con una respuesta que recordó mucho a lo
que hacía su antecesor, Hugo Chávez, quien en situaciones similares apelaba al
fervor nacionalista. ¿Cómo cree que ha caído esa decisión dentro del Gobierno?
R. Ha
quedado muy claro que no se han ampliado las sanciones contra el país, sino
contra funcionarios del Gobierno. Dentro del régimen esto ha hecho más evidente
la presencia de facciones internas en pugna para preservar el acceso a los
recursos de la nación.
P. El
Gobierno lleva un mal año, en lo económico con la caída de los precios del
petróleo y en lo político, con el desplome de la popularidad del presidente
Maduro. Pero queda la duda de si la oposición está capitalizando esta
situación.
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