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jueves, 13 de diciembre de 2012

MILITAR CONDENADO PIDE ‘AUDITORIA JURÍDICA’ AL PROCESO POR LA MASACRE DE OCTUBRE



Juan Veliz Herrera presenta un memorial dirigido a Romero      
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El excomandante del Ejercito de Bolivia, general  Juan Veliz Herrera, condenado a 15 años de prisión por la masacre de octubre de 2003, pidió mediante un memorial al ministro de Gobierno, Carlos Romero, someter este caso de genocidio a una auditoria jurídica, porque considera que existen indicios de que hubo uso indebido de influencias en el proceso condenatorio y en las acciones de defensa constitucional.


Veliz Herrera, recluido en la cárcel de San Roque de la ciudad de Sucre, indica en su memorial –al que tuvo acceso ERBOL– que en conocimiento de la decisión del gobierno nacional de realizar auditorías jurídicas a los procesos en los que presuntamente “se ha cometido el delito de extorsión, en aras de la equidad y la duda razonable”, solicita a Romero, ampliar el alcance de las mencionadas acciones a los procesos “en los que la actividad de altos personeros del Ejecutivo ha podido influir en el ánimo de jueces y tribunales para apartarse de su deber de imparcialidad e independencia”, hasta dictar las sentencias condenatorias por la masacre de octubre.

El militar en servicio pasivo señala que funcionarios del Ministerio Público abusaron de su cargo para presionar ministros, jueces y testigos, además de haber presuntamente manipulado pruebas faltando a su deber de  objetividad  y  causando  daños  irreparables  en  la  dignidad  de  las personas afectando su libertad.

Afirma que el 17 de octubre de 2007, sin tener motivo para ser juzgado en juicio de privilegio constitucional, ha sido incluido en la acusación presentada por el Fiscal General, contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

El sentenciado considera que deben ser auditados el proceso de extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada,  la audiencia de juicio realizado en vacación judicial, a la orden de su detención preventiva, a las deliberaciones de la sentencia condenatoria, al segundo proceso de investigación del Ministerio Público, a los recursos presentados posteriores a la sentencia.

Petición textual del militar en su memorial 

Siendo garantía de toda persona el derecho a ser juzgado en juicio justo y sentenciado  por  tribunales  competentes  e  independientes,  acudo  a  su autoridad (Ministro de Gobierno) para solicitarle la inclusión del juicio de responsabilidades concluido en el mes de agosto de 2011, en las auditorías jurídicas que su autoridad ha planificado realizar, debido a que el uso indebido de influencias alcanza a ese proceso, de modo que se investiguen:

1.- Los viajes de personeros de los Ministerios de Gobierno y Transparencia.

2.- De miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

3.-  De las llamadas de teléfonos fijos y celulares a los miembros del Tribunal de Juicio de Responsabilidades, tanto el día en que se dispuso mi detención preventiva, como en las semanas previas a la instalación del debate y especialmente en los días en que este se desarrolló.

4.-  Asimismo,  se  investigue  la  actuación  del  Ministerio  Público  en  la investigación, formulación de la imputación, la acusación formal que sirvió de base a la solicitud de extradición, la misma que ha concluido con el rechazo formal del gobierno de los Estados Unidos, por no estar adecuada la misma al tratado de extradición con dicho país.
5.-  Se investigue los gastos realizados por el Ministerio Público con cargo al Juicio de Responsabilidades por los hechos de “Octubre Negro”.

Sr. Ministro no le pido el perdón del “delito” por el que he sido sentenciado ni la anulación de la sentencia, sino que estas auditorías solicitadas, ante la ausencia  de  tutela  judicial  efectiva,  deben verificar  la  existencia  del uso indebido  de  influencias  y  de  sus  autores,  que  hayan  podido  afectar  la imparcialidad e independencia de las decisiones del Tribunal que me ha juzgado junto a los cuatro ex Comandantes del 2003 y de los tribunales de tutela constitucional ante quienes he acudido denunciando las ilegalidades del Tribunal de Juicio de Responsabilidad”.


Sucre, 13 diciembre 2012-E.C.

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