Juan Veliz Herrera presenta un memorial dirigido a Romero
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El excomandante del Ejercito de Bolivia, general
Juan Veliz Herrera, condenado a 15 años de prisión por la masacre de
octubre de 2003, pidió mediante un memorial al ministro de Gobierno, Carlos
Romero, someter este caso de genocidio a una auditoria jurídica, porque
considera que existen indicios de que hubo uso indebido de influencias en el
proceso condenatorio y en las acciones de defensa constitucional.
Veliz Herrera, recluido en la cárcel de San Roque de la ciudad de Sucre,
indica en su memorial –al que tuvo acceso ERBOL– que en conocimiento de la
decisión del gobierno nacional de realizar auditorías jurídicas a los procesos
en los que presuntamente “se ha cometido el delito de extorsión, en aras de la
equidad y la duda razonable”, solicita a Romero, ampliar el alcance de las
mencionadas acciones a los procesos “en los que la actividad de altos
personeros del Ejecutivo ha podido influir en el ánimo de jueces y tribunales
para apartarse de su deber de imparcialidad e independencia”, hasta dictar las
sentencias condenatorias por la masacre de octubre.
El militar en servicio pasivo señala que funcionarios del Ministerio
Público abusaron de su cargo para presionar ministros, jueces y testigos,
además de haber presuntamente manipulado pruebas faltando a su deber de
objetividad y causando daños irreparables
en la dignidad de las personas afectando su
libertad.
Afirma que el 17 de octubre de 2007, sin tener motivo para ser juzgado en juicio
de privilegio constitucional, ha sido incluido en la acusación presentada por
el Fiscal General, contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
El sentenciado considera que deben ser auditados el proceso de extradición
de Gonzalo Sánchez de Lozada, la audiencia de juicio realizado en
vacación judicial, a la orden de su detención preventiva, a las deliberaciones
de la sentencia condenatoria, al segundo proceso de investigación del
Ministerio Público, a los recursos presentados posteriores a la sentencia.
Petición textual del militar en su memorial
“Siendo garantía de toda persona el derecho a ser juzgado en juicio
justo y sentenciado por tribunales competentes e
independientes, acudo a su autoridad (Ministro de
Gobierno) para solicitarle la inclusión del juicio de responsabilidades
concluido en el mes de agosto de 2011, en las auditorías jurídicas que su
autoridad ha planificado realizar, debido a que el uso indebido de influencias
alcanza a ese proceso, de modo que se investiguen:
1.- Los viajes de personeros de los Ministerios de Gobierno y
Transparencia.
2.- De miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
3.- De las llamadas de teléfonos fijos y celulares a los miembros del
Tribunal de Juicio de Responsabilidades, tanto el día en que se dispuso mi
detención preventiva, como en las semanas previas a la instalación del debate y
especialmente en los días en que este se desarrolló.
4.- Asimismo, se investigue la actuación
del Ministerio Público en la investigación,
formulación de la imputación, la acusación formal que sirvió de base a la
solicitud de extradición, la misma que ha concluido con el rechazo formal del
gobierno de los Estados Unidos, por no estar adecuada la misma al tratado de
extradición con dicho país.
5.- Se investigue los gastos realizados por el Ministerio Público con
cargo al Juicio de Responsabilidades por los hechos de “Octubre Negro”.
Sr. Ministro no le pido el perdón del “delito” por el que he sido
sentenciado ni la anulación de la sentencia, sino que estas auditorías
solicitadas, ante la ausencia de tutela judicial
efectiva, deben verificar la existencia del uso
indebido de influencias y de sus autores, que
hayan podido afectar la imparcialidad e independencia
de las decisiones del Tribunal que me ha juzgado junto a los cuatro ex
Comandantes del 2003 y de los tribunales de tutela constitucional ante quienes
he acudido denunciando las ilegalidades del Tribunal de Juicio de
Responsabilidad”.
Sucre, 13
diciembre 2012-E.C.
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