Civiles
y uniformados las cargan y descargan de vagonetas
LA
PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Entre ayer y hoy, varias
personas, incluyendo militares, metieron y sacaron de Palacio de Gobierno
bolsas con gorras y prendas para la campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Los materiales eran cargados en vehículos, uno oficial y otro privado. La Ley
de Régimen Electoral, en su artículo 125, prohíbe el uso de los bienes públicos
en campañas electorales. Al respecto, la ministra de Comunicación, Amanda
Dávila, aseguró que no vio nada y recordó que el mismo presidente Evo Morales
instruyó que las instituciones públicas no estén involucradas en la campaña.
Ayer, alrededor de las 09.30,
una vagoneta particular color plata, marca Toyota con placa 2162 TZP, radicada
en Santa Cruz, se estacionó en la Plaza Murillo y cargó bolsas llenas de
prendas y gorras del MAS que fueron sacadas desde el Palacio. Los encargados de
esta tarea fueron una persona civil y tres militares.
Hoy, cerca a las 10.00, otra
vagoneta color plata, Nissan Patrol, de uso oficial con placa 2549 PDE, llegó a
puertas del Palacio cargada de bolsas llenas del mismo material de campaña. Un
policía verificó el auto y una persona, vestida con overol, cargó una bolsa
azul con las prendas y gorras e ingresó al edificio. Luego, al menos tres personas,
vestidas de civil bajo la mirada de un efectivo de seguridad, descargaron cajas
cuyo destino es Beni.
Dávila insistió en que “el
Presidente ha marcado la línea clara” sobre la prohibición para las
instituciones públicas de hacer campaña. Agregó que el Ministerio de
Comunicación, por su parte, no hizo proselitismo.
Sanciones
La Ley del Régimen Electoral
(026) prohíbe, en su artículo 125,
“utilizar bienes, recursos y servicios de instituciones públicas”. En el
numeral 126, la misma norma es específica sobre los servidores públicos a
quienes veta “utilizar bienes, recursos y servicios de instituciones públicas
en propaganda electoral, tanto en actos públicos de campaña como a través de
mensajes pagados en medios de comunicación masivos o interactivos”.
En esa línea, la Resolución
001/2014 del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dispone que los servidores
públicos que “faciliten durante el periodo electoral uno o más bienes muebles o
inmuebles públicos a organizaciones políticas” tendrán una multa equivalente al
80 por ciento de un salario mínimo.
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