Asegura
que sabía del caso Rózsa
Hanalí Huaycho. |
ORURO,
BOLIVIA (ANB / Erbol).- El exedecán de Marcelo Soza, José Laguna,
afirmó hoy que el Gobierno instruyó al teniente Jorge Clavijo que matara a su
esposa, la periodista Hanalí Huaycho, porque ella “logró conocer en detalle lo
que había ocurrido en el hotel Las Américas” durante el operativo policial que
terminó con la vida de Eduardo Rózsa Flores, Michael Dwyer y Arpad Magyarosi.
El exteniente, desde su refugió
en Brasil, explicó que Clavijo, como miembro de la UTARC (Unidad Táctica de
Resolución de Crisis), participó del operativo y tenía una copia de un video
sobre la acción policial. Añadió que esa información fue filtrada al
conocimiento de Hanalí, por lo que instruyeron a Clavijo que “solucione” ese
problema.
“En el caso de Jorge Clavijo,
personaje que lamentablemente quedó con la dignidad por los suelos porque le
habría quitado la vida a su esposa, le comento que ese ha sido mero trámite de
Inteligencia. Cuando existe filtración de información, existen superiores que
ordenan se solucione la fuga de información. Entonces el teniente Jorge
Clavijo, como tenía en su poder un video que lo acreditaba y los respaldaba en
todo lo que había ocurrido en el hotel Las Américas, recibió la orden de que la
información filtrada se solucione de alguna manera. Es por eso
que se ve obligado a quitar la vida a su esposa por instrucciones del
gobierno para evitar que la noticia llegue a todo el pueblo boliviano”,
relató Laguna en entrevista con ERBOL.
El ahora expolicía insistió en
que cada miembro de la UTARC que participó del operativo tiene una
copia del video que utiliza como “carta blanca”.
Cuestionó por qué la Policía
secuestró computadoras portátiles de la casa de Huaycho luego del asesinato que
ocurrió el 11 de febrero de 2013. Indicó que los uniformados buscaban datos
sobre el video.
El abogado de la familia de
Huaycho, Eduardo León, anunció que enjuiciará al Estado para que las
autoridades se manifiesten sobre las revelaciones de Laguna.
“Vamos a iniciar un proceso
penal contra el Estado boliviano para que a nivel nacional pueda establecerse
categóricamente que estas aseveraciones no son ciertas”, indicó.
Laguna dejó Bolivia y se fue a
Brasil porque, según su versión, recibía amenazas para callar lo que sabe sobre
las acciones del fiscal Soza a quien acompaño “paso a paso”. “Las amenazas iban
directamente a que tenga la boca cerrada y evite hacer un comentario. Es por
eso que mi persona, cansada de tanta presión y al borde de ser detenido
preventivamente, me he visto obligado a salir”, aseveró.
El exteniente fue acusado por
Alberto Melgar de recibir dinero producto de una extorsión a nombre de Soza.
Laguna observó que fue denunciado luego de que el cívico beniano, imputado en
el caso terrorismo, sea beneficiado por arresto domiciliario con ayuda de
Carlos Romero y Jorge Pérez.
Evo tenía el control directo
Laguna aseveró que “el
Presidente, con quien varias veces se reunió el exfiscal, tenía control directo
de todo lo que se hacía en las investigaciones del caso terrorismo, lo
propio el Vicepresidente que utilizaba a su operador, Raúl García Linera, para
hacer y deshacer”.
Recordó además que Soza recibía
constantes llamadas de ministerios y hasta el Palacio de Gobierno para ser
invitado a reuniones y recibir instrucciones. Precisó que entre quienes se
comunicaban con el exfiscal estaban Sacha Llorenti, Juan Ramón
Quintana, y Nardi Suxo, además de varios senadores y diputados.
Agregó que en su momento sacó
un extracto de las llamadas que recibía en su celular en donde se confirma sus
aseveraciones. Sin embargo, el policía señaló que recientemente solicitó la
misma información a una empresa estatal y vio que esas llamadas habían sido
borradas.
Laguna dijo que Soza salía
preocupado de esas reuniones con autoridades porque le instruían a quien
beneficiar o a quien acusar.
Ratificó que el equipo investigador del caso recibía una “ayuda mensual” desde el Ministerio de Gobierno, paralela al salario.
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