LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El político opositor Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y
el gobierno de Evo Morales convergían el domingo en tratar el pliego petitorio
de 26 puntos que mantiene en vilo hace un mes a 2 de las 9 ciudades de Bolivia
y afectada por coletazos la mayor de las restantes 7.
Tras dos semanas de manifestaciones
violentas que remataron con ataques con explosivo a instalaciones
gubernamentales y hasta a una embajada, siempre territorio extranjero, por parte del Comcipo, las partes
se encontraron finalmente el sábado y hablaron, en principio con las rispideces
propias de la antesala de una negociación que gana bonos y posiciones y que
devuelva el país a la normalidad plena.
El tratamiento del pliego, tema de fondo de
la reivindicación, quedó relegado por la condición indoblegable interpuesta por
el Comcipo que demandó la liberación de 3 mineros, encarcelados por dinamitar
sin embozo instalaciones estatales y un disqué periodista coludido con los
primeros que la juez Lía Cardozo mandó a encerrar por incurrir en acciones
criminales al tratar con ruindad extrema no sólo el Ministerio de Gobierno, en
el centro de La Paz, sino también la
Embajada de Alemania que prendió fuego, así como jardineras y arboledas
aledañas al suburbio de San Jorge, donde se asienta la mayor parte de las
oficinas del cuerpo diplomático acreditado en el país, tratado a dinamitazos.
De la instalación de una audiencia en la
que la Juez pueda valorar la probabilidad legal de que los 4 recuperen su
libertad, pendía el tratamiento del pliego de 26 puntos, 14 de los cuales son
de tuición municipal y de la Gobernación locales.
Un dirigente del Comcipo, Miguel Pérez,
dijo que si no se liberaban a sus 4 compañeros de protesta "no podemos
estar en esta negociación", mientras que el senador por Potosí, René
Joaquino, alentaba la esperanza que
Cardozo encuentre el camino legar para devolverlos a las calles de La Paz.
Un conciliador ministro de Gobierno, Carlos
Romero, que precisó al líder del Comcipo, Johnny Llally, más de su perfil de político
que de cívico, comprometió la palabra del Gobierno para presenciar la audiencia
judicial en que se tendría que liberar a los mineros y el disqué periodista.
"Estaremos en la audiencia; no nos
comprometemos al recurso que ustedes plateen", dijo Romero, mientras un
equipo de asesores del Comcipo proponía evocar el principio de excepcionalidad
para convocar la audiencia judicial.
En el ataque con dinamita del miércoles al
Ministerio de Gobierno los ministros, que esperaban a Llally y sus huestes para
conversar, debieron poner a salvo sus vidas deslizándose por el tejado hasta
alcanzar lugares seguros de la furia de los mineros privados armados con
dinamita.
El diálogo se instaló finalmente el sábado
por la tarde después de una previa entre el ministro de la Presidencia, Juan
Ramón Quintana, y Llally, y horas más tarde que operadores del Comcipo volaran
una torre de energía eléctrica lo que hizo caer el fluido y dejó en tinieblas
la ciudad de Potosí, de 300.000 habitantes, la noche del viernes al sábado.
Consecuencia de lo que se presume un plan
de atemorización de la población de Potosí, estrangulada hace poco más de 3 semanas
por una paro decretado por el Comcipo, que consiste en cerrar todos los accesos
vehiculares de la ciudad e, incluso, con
medidas de hecho contra quienes intenten vulnerarlo, una serie de
versiones coparon las redes sociales y propagaron la versión que la urbe se
encontraba situada por turbas campesinas.
Las fogatas en las calles, las vigilias en
las puertas de las casas y una suerte de movilización general, estampa de una
crisis surrealista, preambularon el diálogo del sábado por la tarde.
En el
recuento inicial, Quintana y más tarde
su colega de Gobierno, Romero, pidieron a Llally liberar Potosí, en el borde
del desabastecimiento y privada de su mayor fuente de ingresos, el turismo, que
salió de huidas la primera semana de la violenta reivindicación, del dogal a
que es sometida desde principios de julio.
Por medio de ambas autoridades el gobierno
de Morales demandó, asimismo, reconocer con honestidad que Potosí es ahora el
departamento más vertebrado de Bolivia y donde el gobierno ha dirigido la
segunda mayor inversión pública de la gestión desde 2006, poco menos de 700
millones de dólares para despegar la industria del litio.
En la jurisdicción de Potosí, Uyuni, en cuyo
salar se halla la primera reserva mundial de litio, llamado a convertirse en el
combustible mineral no pesado del futuro inmediato, la administración Morales
ha construido un aeropuerto internacional y potenciado el turismo de primera
clase, hasta encaminarlo como el principal destino mundial de Bolivia.
El Gobierno pidió al Comcipo reconocer que
desde que Morales se puso al timón del Estado, Potosí triplicó sus ingresos.
Sin admitir ni siquiera de forma tácita la
gestión del Gobierno en Potosí, el Comcipo pide la construcciòn de un
aeropuerto internacional y la instalación de una fábrica de cemento en lugar
remoto cerca de una canteras de sílice, entre otros 24 tópicos.
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