ORDENAN APREHENSIÓN DE ZAPATA, LA FISCALÍA Y LA APG NO SABEN DÓNDE ESTÁ

Caso Fondo Indígena

La Fiscalía y la APG desconocen el paradero del exdirector Ejecutivo del Fondo Indígena, el guaraní Daniel Zapata.

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra el exdirector Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), Daniel Zapata, porque no se presentó a declarar sobre las investigaciones que se iniciaron, luego de que la Contraloría General denunció una daño económico al Estado de 71 millones de bolivianos por 153 proyectos que no fueron iniciados y otros no se concluyeron, desde 2010 hasta la fecha, por esa instancia.

Pero contrariamente la Fiscalía no sabe dónde exactamente vive Zapata. El fiscal Gregorio Blanco explicó que sacaron la citación para que declare, pero no lograron entregarle el mismo al exejecutivo del Fondo Indígena. 

Contó la orden de aprehensión se sacó el jueves por la tarde, una vez que concluyó la audiencia de medidas cautelares contra los exejecutivos: Elvira Parra y Marco Antonio Aramayo, quienes junto a Zapata son acusados por la Contraloría de daños económico.

“Se ha expedido el mandamiento de aprehensión, después de que se ha concluido la audiencia de medidas cautelares (…) se ha expedido la citación oportunamente, (pero) no se ha dado con el paradero de este ciudadano y lo que corresponde es que a través de los mecanismos que corresponda se haga cumplir el mandamiento que expide el Ministerio Público”, dijo a los medios de comunicación.

La jueza primera de Instrucción Anticorrupción, Cinthia Delgadillo, resolvió que Parra pase al Centro de Orientación Femenina de Obrajes a Elvira y la detención domiciliaría de Aramayo. Ahora solo esperan las declaraciones de Zapata, quien fue director del Fondioc, en la gestión 2012-2013.

APG desconoce paradero

Daniel Zapata asumió la Dirección del Fondo Indígena en representación de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), que era parte del Directorio, que presidía la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, junto a otras siete organizaciones sociales, entre campesinas e indígenas. El exvicepresidente del Directorio y principal representante de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Rodolfo Machaca, dijo que con la intervención del gobierno, el Directorio se disolvió.

Si bien la Fiscalía desconoce el paradero de Zapata y tiene como única referencia que es oriundo de Santa Cruz, según el fiscal Blanco, en la APG también aseguraron que no saben dónde está Zapata. El presidente de la organización indígena, Domingo Julián, dijo en varias oportunidades intentó contactarse con Zapata, pero sin resultados. Indicó que incluso lo buscó por whatsap y nada. 

El dirigente adelantó que saldrá a buscarlo este día en el municipio de Gutiérrez para hablar con él. “Quiero ir a buscarlo para poder hablar con él, lo busqué por whatsap, lo he buscado por todas (partes) no he conseguid su número (de celular), pero yo mismo me estoy moviendo ahora, para buscar al hermano, para poder hablar con él y buscaré al dirigente (de sus comunidad) para saber dónde vive”, declaró Julián a Erbol.

Según el dirigente, Zapata después de salir del Fondo Indígena, fue técnico de los guaraníes de Tarija, pero hace meses se desligó de sus funciones y regresó supuestamente a su comunidad en Gutiérrez.

Zapata fue el único Director del Fondo Indígena que en 2013 brindó un informe público de los proyectos productivos aprobados y ejecutados por el Fondo Indígena. Erbol accedió ese año a ese reporte. El guaraní no concluyó su gestión, fue destituido por el Directorio y en su lugar se nombró a Marco Antonio Aramayo, en representación de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).

Según dirigentes de la APG, las organizaciones decidieron sacar a Zapata porque no estaban de acurdo con él sobre la presentación de los diseños finales de un determinado proyecto, puesto que en la gestión de Elvira Parra (2009-2012), como representante de las “Bartolinas”, se aprobaban sólo bajo una lista y era la ministra Achacollo quien autorizaba los desembolsos.