Transparencia,
una tarea pendiente, señalan
Por
Rolando Carvajal
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Casi dos semanas después de anunciarse la reducción del
presupuesto de inversiones de YPFB para el 2015, la Corporación estatal
mantiene la incógnita acerca de los motivos que causaron el recorte.
La
mengua supera los 522 millones de dólares previstos para bonos sociales a la
tercera edad, madres y escolares, según cifras gubernamentales, en plena
bonanza de ingresos fiscales por la renta de los hidrocarburos, que en ocho
años generó al gobierno $us30.700 MM.
El
pasado 29 de noviembre, durante el encuentro de ministros del G77 para la
gobernanza de los recursos naturales, el presidente de YPFB, Carlos Villegas,
anunció en Tarija que el monto a invertir por las operadoras transnacionales y
la Corporación totalizaría $us2.500 MM, frente a los $us3.029 MM presupuestados
para la gestión que concluye.
El
recorte podría afectar a la inversión en exploración de nuevos reservorios,
actividad que obtuvo apenas 14% el 2014, y es punto débil de la actual administración
que, paradójicamente, ha intensificado la monetización de las alicaídas
reservas, sobre todo de gas.
Persiste
también la interrogante, además de casos de corrupción en la estatal, el último
develado ayer, sobre la ejecución del presupuesto de inversiones 2014, en el
contexto de que, el presupuesto general de YPFB, de $us12.700 MM para esta
gestión, no presentaba a octubre pasado una ejecución mayor al 60%
Ni
hace dos semanas en Tarija ni en otra ocasión anterior, la estatal de
hidrocarburos ha informado sobre la ejecución del presupuesto de inversiones en
el sector hidrocarburos, que concentra las inversiones nacionales.
Analistas
independientes calculan sin embargo que por primera vez se acercaría a un 90%,
por desembolsos para plantas separadoras de líquidos y la pendiente
industrialización del gas.
Desde
el 2007 han transcurrido varias gestiones en que los montos sin ejecutar
acumulados sobrepasan los $us2.000 MM, contrariamente a los más de $us13.000 MM
programados al 2015, de los cuales se tiene conocimiento de una ejecución de
$us5.503 MM al 2013.
Las
urgencias de inversión fueron expresadas por el presidente Evo Morales, aún a
costa de orden legal y técnico existente, según instrucciones a Carlos
Villegas, presidente de la estatal hace dos meses.
“Compañero
Carlos, a veces digo: ahora que no estamos en campaña, a veces algunos
presidentes, gerentes, están amarrados a la parte legal. Es importante la parte
legal, es importante la parte técnica, pero cuando estamos sometidos a una
legalidad estarías con las manos amarradas. De verdad, en pequeños y medianos
proyectos le meto aunque sea ilegal y luego los legalistas que lo legalicen
pues. Sólo esté seguro que no estén robando, métale compañero Carlos. ¿Por qué
tiene que tener miedo? Hay que acelerar la inversión y así hay resultado”.
El
recorte de la inversión 2015 contrasta con el sustancial aumento por
participaciones que obtiene YPFB en el negocio de los hidrocarburos, recursos
que alcanzarían a los $us5.300 MM en los últimos ocho años y que al parecer no
cuentan con una gestión transparente, según diversos centros de estudios y
organizaciones de la sociedad civil.
Esas
participaciones de YPFB emergentes de la renegociación de contratos el 2006,
constituyen ingreso aparte de las regalías departamentales y el impuesto
directo a los hidrocarburos (IDH) definidos el 2005 y conformados por un 50% de
la renta petrolera.
Una
porción de esas participaciones sería destinada a bonos sociales, calculados
entre 300 y 500 millones de dólares anuales en las últimas gestiones, aunque la
normativa no está señalada, de acuerdo al último reporte de la Fundación
Jubileo, de la Iglesia Católica en Bolivia.
El
presupuesto estatal prevé asignar $us522
MM el 2015 para los bonos sociales Juancito Pinto, Juana Azurduy de Padilla y
Renta Dignidad, este último por $us429 MM destinado a un millón de adultos mayores de 60 años, un
promedio de 402 dólares anuales, equivalentes a Bs8 al día.
Falta
de transparencia y otros cuestionamientos
Los
incrementos de inversión petrolera desde el 2010 han beneficiado mucho más a la
explotación de campos para monetizar intensamente las disminuidas reservas y al
proyecto de plantas de separación de
líquidos, que no es industrialización, precisamente.
Pero
“el monto destinado a exploración
considerando la urgencia de dicha actividad en el país, parece ser insuficiente
puesto que solamente representa 14% del total de las inversiones”, según el
reporte Situación de los Hidrocarburos, de Jubileo, publicado en octubre de
este año.
La
falta de una nueva ley que haga operativos los preceptos constitucionales e incorpore criterios sobre selección de
empresas, régimen fiscal en especial lo referido a la participación de YPFB,
obligaciones de las partes y otros, añade, resulta un impedimento para un mayor
dinamismo en la suscripción de nuevos contratos y por ende en un avance muy
lento de la actividad exploratoria.
“Asimismo
aún existen varios vacíos legales sobre el uso y destino que YPFB debe dar a la
participación que tiene en las ganancias
[por contratos y servicios]. En este aspecto debería estar claramente normado
para otorgarle sostenibilidad financiera a la empresa estatal, así como un
mecanismo de trasparencia sobre el destino de una porción importante de la
porción petrolera”.
Acceso
a la información
“Se
debe ahondar esfuerzos por facilitar más el acceso a la información del sector
por parte de la población a través de la implementación de mecanismos de
transparencia que permitan no sólo conocer la situación actual sino también
–plantea Jubileo− generar propuestas de política pública por parte de
instituciones y organizaciones sociales, a fin de asegurar que los ingresos
provenientes de ese sector vayan en beneficio directo de toda la población”.
En
ese sentido, la fundación de la Iglesia recuerda que:
-Todavía
no se conocen los resultados de políticas de cambio de matriz energéticas
adoptadas en los últimos años.
-Aún
resta diseñar mecanismos que permitan una mayor y mejor ejecución de los históricos
ingresos petroleros recientes, y facilitar la transferencia de estos ingresos a
otros sectores de la economía nacional.
-El
Estado se encuentra ante el desafío de lograr una diversificación económica y
mejora de las condiciones de vida de la población a partir del uso eficiente de
esos recursos.
YPFB
“juez y parte”: concentración
Agrega
que la concentración de funciones de administración y fiscalización junto a la
función operativa del sector hidrocarburos, todo a cargo de YPFB, no constituye
una práctica aconsejable para el eficiente desarrollo del proceso
hidrocarburífero de un Estado, debido a que no se garantiza cumplimiento de
normas, especialidad, objetividad, transparencia y fiscalización imparcial.
En
relación al rol fiscalizador de YPFB para efectos impositivos, regalías y
participaciones, la estatal “se
convertiría en juez y parte de un mismo proceso al ser el certificador oficial
de los volúmenes de hidrocarburos sobre los cuales pagará regalías participaciones
e IDH”, por lo que debe existir un ente fiscalizador separado de YPFB, que
recomiende al Ministerio la autorización o no de dichos volúmenes cuyas
penalidades, si corresponden, deberán ser asumidas por YPFB.
En
ese sentido el Ministerio debería erigirse como la instancia del Ejecutivo que
dentro del marco de su actual competencia, “tenga como entidades operativas a
la Agencia Nacional de Hidrocarburos, constituida en reemplazo de la ex
superintendencia, y a la misma YPFB”, y no al revés.
Del
2007 al 2013, la participación de la estatal petrolera boliviana suma
$us3.999.8 MM, respecto de los $us30.797 MM que generó en ingresos la
comercialización del gas de mayo del 2007 a julio del 2014, cifra destacada por
el presidente de YPFB, Carlos Villegas, durante la pasada polémica sobre los
costos recuperables reportados por las empresas y reconocidos por YPFB en
términos generales.
De
acuerdo con especialistas, YPFB participa de ingresos en al menos tres
segmentos del caudal petrolero: en su asignación adicional desde el 2007, en
los costos recuperables cuando forma parte de una sociedad petrolera y en las
ganancias como titular asociado de un contrato.
En 11
años, los ingresos nacionales treparán
de $us22.000 MM a $us67.000 MM sólo en renta hidrocarburífera, según
previsiones gubernamentales al 2025.
La
retribución de las operadoras, la mayor parte transnacionales, alcanza a unos $us7.996 MM, sumados los
$us4.798 MM oficialmente reconocidos para esos costos, y una utilidad o
ganancia de $us3.198 MM entre 2007 y 2013
Esta
retribución, paga final o remuneración de las empresas petroleras titulares de
los contratos de hidrocarburos, podría sin embargo superar los $us9.700 MM si
se agregan $us587 MM en costos recuperables equivalentes de la gestión 2006 y
un mínimo estimado de $us650 MM para el 2014, sin contar ganancias de estos
años ($us485 MM sólo el 2006).
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