Es
lamentable, no ordené que lo asesinen, aseguró Guasico
SANTA
CRUZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La Federación Departamental
Única de Trabajadores Campesinos del Beni, identificó al exdirigente de la
comunidad 26 de Julio del municipio San Javier, Eliomar Guasico Malala, como el
autor intelectual del asesinato de Jacobo Soruco Cholima, quien denunció en
2012 actos de corrupción en el Fondo de Desarrollo Indígena Originario
Campesino (Fondioc).
A Soruco lo acribilló Dario
Vaquero el 26 de julio del presente año. Vaquero lo mató porque iba a ser
desalojado de la comunidad, donde según la secretaria Ejecutiva de la
Federación campesina, Katia Chávez, se asentó ilegalmente como un infiltrado de
Guasico para confrontar a los comunarios.
“El señor en vez de escuchar,
se levanta y le dispara a sangre fría al compañero Jacobo hasta matarlo ¿Y
quién era don Dario Vaquero? Un señor infiltrado que metió don Eliomar Guasico
a la comunidad para que pelee con los propios comunarios que estaban haciendo
sus trabajos comunales. Fue pagado por Eliomar Guasico para que busque pelea
con los comunarios, hasta que se dio el hecho de matarlo al compañero Jacobo
Soruco, en su propia tierra y trabajando su propia parcela”, relató la
dirigente campesina a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Soruco antes de morir acusó a
Guasico de quedarse hace dos años con más de 600 mil bolivianos, primer
desembolso del Fondioc, para la construcción de un proyecto productivo, que
consistía en una granja para cerdos. También de traficar tierra y madera en la
comunidad 26 de Julio, recordó Chávez. La dirigente aseguró que el
desafortunado exdirigente se volvió un “estorbo” para Guasico.
“Viene bien asociado la
corrupción del proyecto indígena (con): tráfico de tierra y tráfico de madera.
El compañero Jacobo Soruco fue una de las personas que denunció en todos los medios
y estaba siguiendo los pasos. Ya había venido el Fondo Indígena a ver de que el
proyecto no existía y ya se había sacado un millón de bolivianos a nombre de la
comunidad y él como dirigente quería que se esclarezca la verdad y de esta
manera fue que llegó a ser estorbo para varias personas”, aseveró.
En mayo de 2014 una comisión
del Fondo Indígena, a la cabeza del segundo secretario General de la
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB),
Joel Guarachi, verificó que en la población 26 de Julio no se hizo nada. Al
contrario se identificó la construcción de un galpón, fuera del área comunal,
de un costo de Bs100 mil.
Guarachi denunció desde
entonces, tanto Soruco como él recibieron llamadas telefónicas de muerte. El
dirigente de la CSUTCB aseguró que familiares de Eliomar Guasico dijeron que lo
harían “desaparecer”. Acusó a Guasico de ser el principal articulador de una
red de corrupción en la provincia Cercado.
“A raíz de esa comisión (del
Fondioc) que ha ido juntamente con mi persona, hemos recibido amenazas de
muerte por parte de los representantes del proyecto. Eliomar Guasico Malala es el principal
articular de esa red que ha cometido corrupción en ese proyecto y otros proyectos
más que se ha investigado”, aseveró.
Indicó que denunció el caso a
la Fiscalía y Policía del Beni, pero no hacen nada por esclarecer el caso. Pese
a que Vaquero está preso en la cárcel de Mocoví de Trinidad, los verdaderos
responsables del crimen de Soruco están libres, sentenció.
Inocencia
Eliomar Guasico Malala lamentó
la muerte de Soruco y que Vaquero esté preso. Aseguró que sólo conoce de nombre
a Guarachi y que es parte de las investigaciones que se inició ante la justicia
sobre el asesinato del exdirigente campesino, por lo que no pude salir del
Beni.
Se declaró inocente porque
conoció a ambos y con uno de ellos (Vaquero) fundó entre 2006 y 2007 la
comunidad 26 de Julio. Reconoció que el proyecto de criadero de cerdos está a
su nombre porque lo gestionó en 2011 ante el Fondo Indígena.
Explicó que en 2012 recibieron
el primer desembolso de Bs590 mil y no un millón, como denunció la Federación
de Campesinos beniana. Sin embargo, aclaró que se nombró una comisión de tres
dirigentes de su gestión para que administre el dinero. Por las denuncias de
supuesta corrupción dejaron de percibir más recursos, para un segundo
desembolso.
“Todos quedamos sorprendidos
por la muerte de Soruco. Yo no mandé que lo mataran. Es lamentable porque un
compañero está preso y otro está muerto (…) Mi persona, como representante de
la comunidad lo que hizo fue gestionar y entregar el proyecto en manos de una
directiva que se conformó para que ellos ejecuten el proyecto, esas tres
personas firmaron el convenio con el Fondo Indígena”, remarcó.
Aseguró que el dinero se
invirtió para la compra de material de construcción de las granjas de cerdo,
pero que extrañamente hace dos años no logran llevar hasta la población 26 de
Julio por un conflicto con una colonia menonita.
Conflicto de tierras con
menonitas
Los campesinos de la comunidad
26 de Julio se beneficiaron en 2010 de una dotación de 10 mil hectáreas (Has)
de tierras de parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Este
hecho les generó un problema con una colonia menonita asentada en el lugar
porque la propiedad campesina se sobrepuso en más de 2 mil Has de la superficie
menonita.
Guasico recordó que por esta
situación siempre vivieron confrontados entre ambos. En 2012 dijo que los
menonitas quemaron sus viviendas e intentaron expulsarlos, pero el INRA los
apoyó para que continúen en la zona.
Por el problema con ese sector,
no logran que el proyecto para cerdos avance. Indicó que les bloquearon el paso
con una reja para que los camiones con el material de construcción no lleguen
hasta la población 26 de Julio. Aseguró que hace un mes lo volvieron a intentar
pero fracasaron.
“Hay un gran avance pero no han
podido llevar el material por el conflicto que hay y han construido (los
menonitas) una reja para no dejar pasar ese material. Hace un mes atrás la empresa
quiso iniciar otra vez la obra, llevó material pero lo dejó a un lado del
camino porque no lo dejaron entrar”, afirmó.
Joel Guarachi anunció que
continuará con las investigaciones hasta que los responsables de desviar los
recursos del Fondioc y quienes están detrás de la muerte de Jacobo Soruco, sean
castigados.
La ejecutiva de los campesinos
del Beni, Katia Chávez, aseguró que no sólo en la comunidad 26 de Julio se
malversaron los proyectos productivos, pues se desconoce qué se hizo con 7.5
millones de bolivianos que entre 2012 y 2013, exdirigentes de la CSUTCB y de
esa región sacaron a nombre de las comunidades campesinas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
ANBOLIVIA te invita a ser el quinto poder, opina...con respeto
DEJA TU OPINIÓN EN:
TW: @ANBOLIVIA
TW: @ANBdigital
F: https://www.facebook.com/anboliviadigital