Por Coco Cuba
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- La clase política boliviana centraba el viernes su atención
en las elecciones subnacionales de marzo que viene, después de rumiar, en
algunos casos con enfado, los resultados de las presidenciales y legislativas
del 12 de octubre consolidados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que
dieron el triunfo al presidente indígena progresista Evo Morales, con 61,3% de
los votos.
Poco menos de 3 semanas después de que los
electores bolivianos volvieran a mandatar a Morales para el período
constitucional 2015-2020, los partidos hacían sus cálculos para copar 348
cargos electivos, es decir 9 gobernaciones departamentales y 339 alcaldías.
Tiene toda la traza de un juego de ajedrez
y el espíritu de sobrevivencia en la política criolla.
A manera de pistoletazo de largada, el
presidente en ejercicio Álvaro García Linera promulgó el jueves la Ley
Transitoria para las Elecciones Subnacionales 2015.
"La Ley que estoy promulgando tiene
que ver con la Ley Transitoria para Elecciones Subnacionales 2015, en
cumplimiento de mi obligación constitucional y sabiendo que estamos con los
plazos apretados", explicó en conferencia de prensa dictada en Palacio de
Gobierno.
Tal norma replica el procedimiento para la
elección de gobernadores y alcaldes que se utilizó en 2010, en ocho
departamentos, excepto en Pando y habilita la segunda vuelta en el caso de los
gobiernos regionales.
"Se ha incorporado esta propuesta la
segunda vuelta, en el caso de las gobernaciones si es que alguna candidatura
saca más de 51 por ciento ya es gobernador, pero si sacará menos del 51 por
ciento y la distancia con el segundo fuera de menos de 10 puntos van a segunda
vuelta", explicó García Linera.
Apenas se oficializó que el oficialista
Movimiento Al Socialismo (MAS), que entre 2015 y 2020 controlará 113 de los 166
escaños de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), ganó con holgura las
elecciones generales bolivianas, la prensa y los corrillos de la política
criolla se llenaron se nombres de supuestos y presuntos candidatos a
gobernaciones y alcaldías.
Así comenzaron a escucharse los nombres del
alcalde de La Paz, Luis Revilla, que de urgencia debió fundar una agrupación
política que le permita competir por el voto de sus coterráneos, puesto que su
partido, el Movimiento Sin Miedo, perdió, a manera de penalidad, el
reconocimiento del TSE por no alcanzar el 3% de los votos en las elecciones del
12 de octubre.
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas,
acérrimo opositor de Morales, confirmó que volverá a postularse para un nuevo
mandato al frente de la Gobernación de Santa Cruz, donde el MAS viene de
triunfar y donde en 2008 incubara la más radical oposición, incluso ultraconservadora,
al mandatario indígena de izquierdas.
Lo mismo que La Paz, el alcalde de
Cochabamba, Edwin Castellanos, parece haberse puesto en trance de reelección,
lo sugiere la campaña publicitaria de sus obras que hace pasar por medios
nacionales.
Es también el caso del alcalde sicalíptico
de Santa Cruz, Percy Fernández, que también pugnará por su enésimo mandato,
mientras Bolivia vive una danza de nombres, pre y candidatos a gobernadores y
alcaldes.
Ni bien terminó de expedir los guarismos de
la justa electoral, 18 días después del acto de sufragio, el TSE pidió, de
presupuesto, la friolera de 177 millones de bolivianos (27 millones de dólares)
para costear las elecciones subnacionales.
Como se trata de 100 de millones de
bolivianos (15 millones de dólares) más que el montante utilizado en las
elecciones del 12 de octubre, que implicó la instalación de 1.200 mesas de
sufragio en 70 ciudades de 33 países de América, Europa, Asia y Africa, el
ministro de la Economía, Luis Arce, puso el grito en el cielo y, poco menos,
consideró que se trataba de un presupuesto superlativo zafado de la realidad.
Mientras la oposición boliviana, reducida a
un tercio en la ALP, denunciaba -a contrapelo de la norma aprobada en los
"90 neoliberales que, según los analistas fue concebida para eliminar a la
minorías- que el TSE entregó al MAS 2 diputaciones "truchas (falsas)"
-que, por efecto de la cifra repartidora recayeron a dos partidos que no
alcanzaron el 3% de los votos y que, por los tanto, fueron desafectados- los
periódicos bolivianos imprimieron en sus ediciones las condiciones que deberán
cumplir los postulantes a los cargos electivos.
La primera y principal de ellas es que
aquellos, alcaldes y gobernadores, que volverán a candidatear deben renunciar a
más tardar a principios de enero lo que, en el caso de las alcaldías grandes,
Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, entre otras, hace temer una "masacre
blanca" en las administraciones locales o al menos turbulencia
institucional en el semestre siguiente a enero.
A la par de la danza de candidatos -a más
tardar en enero deberían estar definidas las postulaciones, los nombres,
hombres y mujeres- los partidos de oposición buscan la forma de arrebatar, por
lo menos en el plano subnacional, la hegemonía del MAS de Morales, que gobierna
Bolivia ininterrumpidamente desde 2006.
Bajo la premisa que las elecciones
subnacionales no se trata sino de nombres y no de partidos o esquemas
políticos, la clase política boliviana ha comenzado, en el umbral de noviembre,
la construcción de una pieza de relojería en procura de gobernaciones y
alcaldías, sin perder de vista, a manera de "traga ansias", las
presidenciales de 2020.
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