Pedido
por visita del Papa
TARIJA,
BOLIVIA (ANB / Erbol).- Esposas, hijos y hermanos de las familias
cruceñas implicadas en el caso Rózsa piden al Papa Francisco interceder ante el
presidente Evo Morales por un decreto de “amnistía general e irrestricta” en
favor de los acusados y procesados durante seis años y cuatro meses.
El abogado defensor de uno de
los procesados, Gary Prado, informó que este movimiento representa a 34
familias, cuyos padres fueron acusados en el caso denominado terrorismo,
separatista y alzamiento armado, en un prolongado juicio que fue “sustanciado
sin pruebas”.
En un comunicado enviado a
Erbol, los familiares le dicen al Santo Padre que el caso Rózsa “ha significado
llanto, sufrimiento y dolor, una
acusación sin fundamento, sin pruebas, pero si con testigos falsos, video
sobornos, chantajes a los acusados para
auto incriminarse, contaminación de pruebas, colocación de armas en el Hotel
Las Américas y con Jueces y Fiscales que
permanentemente violaron la Ley y los Derechos Humanos de nuestros familiares,
actuando únicamente por consigna política que por el mandato de las leyes”.
Prado dijo que los seis años de
juicio sólo sirvieron para comprobar que fueron agentes del Ministerio de
Gobierno quienes en una supuesta trama “macabra” y con un “desprecio total a la
vida humana, asesinaron a tres extranjeros bajo la excusa de que en Santa Cruz
se estaba conspirando contra el Régimen de Evo Morales”.
Los familiares aseguraron que
tal acusación fue totalmente “falsa y calumniosa” y por ello acuden al Papa
Francisco para que, aprovechando que este año es del jubileo, se decrete la amnistía total e
irrestricta a todos los familiares y acusados del caso Rózsa, para que de esa
manera “se ponga fin a este abuso e infamia”.
El caso terrorismo se abrió
tras la toma policial al hotel Las Américas -ocurrido la madrugada del 16 de
abril de 2009- donde Eduardo Rózsa Flores y dos extranjeros fueron muertos y
posteriormente acusados de ser operadores de una célula secesionista, apoyados
por líderes opositores y cívicos que fueron acusados y perseguidos por el
gobierno.
El argumento principal que tuvo
el gobierno en el caso terrorismo fue el atentado a la Casa del Cardenal, Julio
Terrazas, producido la noche del 15 de abril del mismo año. Sin embargo durante
el juicio, quien era testigo clave de la Fiscalía Ignacio Villa Vargas, terminó
admitiendo su culpabilidad y pedir perdón al Cardenal por haber “colaborado a
los agentes del Gobierno en la colocación del explosivo”.
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