DEFENSORÍA DEL PUEBLO CONDENA Y REPUDIA ACTITUD 'INAMISTOSA Y HOSTIL' DE ITALIA, PORTUGAL, FRANCIA Y ESPAÑA

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- La Defensoría del Pueblo de Bolivia condenó y repudió el miércoles la actitud 'inamistosa, hostil y reprochable' de los gobiernos de Italia, Portugal, Francia y España, que sin 'ninguna razón justificable' determinaron prohibir el sobrevuelo en sus espacios aéreos al avión del presidente, Evo Morales.

    En un comunicado público, la Defensoría afirmó también que esa actitud vulnera una serie de tratados internacionales.

    'La decisión de estos países vulnera una serie de tratados  internacionales, como la Convención sobre Aviación Civil suscrita en 1941, que expresa con claridad que ningún Estado puede impedir o rechazar el sobrevuelo y el aterrizaje por razones técnicas de naves no comerciales y, además, la Convención de Viena sobre derechos diplomáticos otorga  garantías de protección a mandatarios cuando atraviesan el espacio aéreo de otros países', remarca el boletín institucional.

    La Defensoría del Pueblo afirma también que como corolario a la inobservancia de esas normas internacionales, 'se ha puesto en grave riesgo el derecho a la vida y la seguridad del Primer Mandatario y de sus acompañantes' y afirma que esos hechos constituyen una afrenta sin precedentes a la soberanía y la dignidad del pueblo boliviano en su conjunto.

    'Lo acontecido nos muestra una vez más que pese a los grandes avances discursivos y la declaración de voluntades, los derechos humanos terminan siendo supeditados a los intereses políticos y la injerencia de poderes trasnacionales  que mantienen una posición de desprecio e irrespeto a los derechos colectivos de los pueblos y naciones emergentes', complementa la Defensoría del Pueblo.

    En esa línea, expresa el apoyo y solidaridad al Primer Mandatario y se suma a las expresiones de apoyo 'de los países hermanos de Sudamérica y de otros continentes, así como de movimientos y organizaciones sociales de nuestro país'.

    'Asimismo, pedimos al Ministerio de Relaciones Exteriores, realice inmediatamente la denuncia de este grave atentado ante los organismos de integración regional y mundial, para que se condene la decisión de los gobiernos de esos países, quienes deberán reconocer su omisión a la normativa internacional vigente, y otorguen un desagravio internacional al Estado boliviano, exigiendo además las garantías necesarias para que hechos como el señalado no vuelvan a ocurrir a futuro', finaliza el boletín institucional del Defensor del Pueblo.