Ve
una estructura adulto-centrista
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, señaló este domingo
que desde la esfera estatal se está generando un modelo estructural de
vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo
la visión adulto centrista y violenta del Estado y la sociedad.
“La
legalización de la explotación infantil inserta en el Código Niña, Niño y
Adolescente, que disminuye a 10 años la edad de trabajo permitido y protegido;
la criminalización a los y las adolescentes al disminuir la edad de
imputabilidad penal a 14 años; los vacíos graves respecto a la protección de
adolescentes mujeres víctimas de matrimonios precoces con adultos; la
inexistencia de una política pública sobre la niñez y la adolescencia y la
inacción culposa del Estado frente a la creciente violencia contra niñas, niños
y adolescentes, a lo que se suma la reciente propuesta de Ley contra la
delincuencia juvenil y las pandillas, son parte de un esquema que desde el
propio Estado deja en indefensión y vulnerabilidad al 44% de la población del
país que, además, es la más desprotegida y vulnerada en sus derechos
elementales”, afirmó.
Se
trata, acotó, de la imposición en Bolivia, de un modelo adulto centrista que ve
a la niñez y la adolescencia como objetos y no como sujetos de derechos, lo que
hace que la generación adulta no solo traslade su frustración y su incapacidad
sobre esta población, sino que emita leyes y normas que en lugar de incrementar
sus derechos y su protección, las disminuya afectando no solo el presente sino
el futuro.
Recordó
que desde la implementación del Estado Plurinacional no se ha hablado de
disminuir la edad del voto o de la capacidad para realizar actos comerciales
por sí mismo o siquiera tener licencia para conducir motorizados, sin embargo
se están aprobando leyes para limitar los derechos de este grupo poblacional o
incrementar su vulnerabilidad.
La
posición de la autoridad surgió luego de un análisis a las últimas leyes que se
aprobaron en torno a esta población y las nuevas propuestas que emergieron de
la Cumbre de Seguridad Ciudadana y que buscan penalizar la formación de grupos
definidos como pandilla que, de acuerdo al Ministerio de Gobierno, buscan
disminuir los índices delictivos en Bolivia.
Proyecto
de ley retrógrado y punitivo
Respecto
de la última propuesta del Ministerio de Gobierno, el Defensor señaló que
resulta inaudito que un Ministerio orientado hacia la represión, haya tomado la
iniciativa sobre las y los adolescentes en conflicto con la Ley, presentando un
proyecto regresivo, punitivo y persecutorio, en cuyas consideraciones legales
ni siquiera considera al artículo 60 de la Constitución Política del Estado y
que, incluso, plantea la incorporación de adolescentes mayores de 16 años de
edad en el Servicio Militar, aspecto que hace apenas tres semanas fue declarado
inconstitucional por el Propio ente jurisdiccional mediante sentencia pública.
Villena,
asimismo reclamó que el Ministerio de Justicia ni siquiera hubiese sido
mencionado para tratar este tema, en cuyo contenido se está involucrando a
adolescentes desde los 14 años como señala la referida norma.
“Nos
alarma porque no se trata de un tema aislado sino que se suma a una serie de
decisiones y acciones especialmente en los últimos meses que pretenden
criminalizar la conducta de adolescentes mostrándolos en espectáculos de
propaganda mediática y generando alrededor de ellos, especialmente de quienes
conforman tribus urbanas o grupos, una especie de estigma social relacionado
con el delito y el peligro”, manifestó.
Observó
también, que la propuesta en sí misma vulnera la Convención por los Derechos
del Niño y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la
Delincuencia Juvenil, además de la Constitución Política del Estado y el propio
Código Niña, Niño y Adolescente.
“Mencionamos por ejemplo el principio deseparación de causas ya que involucra
a adolescentes en delitos cometidos por adultos”, indicó.
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