Después
de 10 años
Redacción:
Carlos Arze Vargas
Planta de Separación de Líquidos de Gran Chaco, en Tarija. Foto: Página web del Ministerio de Comunicación. |
LA
PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La denominada nacionalización
de los hidrocarburos, que cumple diez años de vigencia este 1º de mayo, ha
significado la casi quintuplicación de la renta fiscal por ese concepto: de 608
millones de dólares para 2005 a poco más de 2.800 millones de dólares para
2014.
Sin embargo, el uso de estos
enormes recursos no ha servido para diversificar el aparato productivo del
país.
Contrariamente se ha agravado
su carácter primario exportador; en 2005 la participación de las industria
extractivas (hidrocarburos y minería) en el PIB era de menos del 10%,
participación que en los últimos años ha alcanzado cerca al 15%; en el mismo
sentido, la oferta exportadora está compuesta actualmente en cerca del 70% por
hidrocarburos y minerales, cuando en los años previos a la nacionalización esa
participación alcanzaba sólo alrededor del 50%.
Asimismo, el Estado ha
adquirido una marcado carácter rentista, pues más del 44% de sus ingresos
corrientes proviene de la explotación de los hidrocarburos.
Contrariamente al discurso
oficial de superación de la economía primaria exportadora, la política
gubernamental ha acentuado la explotación de estos recursos naturales no
renovables buscando incrementar las rentas fiscales que le permiten ejecutar
sus medidas populistas asistenciales.
La industrialización de los
hidrocarburos no pasa del discurso, pues no sólo que las principales plantas en
operación (por debajo de su capacidad instalada) son sólo plantas de separación
de líquidos, sino que los productos petroquímicos y los plásticos que se
producirían a fines de esta década están destinados casi en su integridad al
mercado externo.
Por esas razones la economía
boliviana ha aumentado su vulnerabilidad frente a las condiciones de la
economía internacional.
Frente a la crisis en los
precios internacionales su “solución” es hacer más de lo mismo, otorgando
beneficios impensados en octubre de 2003a las transnacionales.
En el actual escenario de caída
de precios internacionales de las materias primas, Bolivia enfrenta problemas
de disminución acelerada de reservas de hidrocarburos que la escasa inversión de
las compañías extranjeras -que detentan el 85% de la producción- no es capaz de
revertir.
Esto ha llevado al gobierno a
agudizar su política entreguista, abriendo las reservas naturales y atentando
los derechos indígenas para permitir la afluencia de capitales transnacionales
que busquen nuevos yacimientos, pues los contratos de la “nacionalización” no
obligan a las petroleras a reponer las reservas explotadas.
Asimismo, ha decidido optar en
los próximos años por compensar la caída de ingresos provenientes de la
exportación de hidrocarburos, con la exportación de electricidad que, con
seguridad, utilizará mayoritariamente el gas natural como combustible.
Es decir, continúa refrendando
el carácter primario exportador, aunque el discurso autocomplaciente del
“socialismo comunitario” bautice esta nueva estrategia como
“industrialización”.
Finalmente,la política
gubernamental ha ido disminuyendo paulatinamente la participación estatal en el
excedente petrolero al incrementar la retribución a las compañías extranjeras a
través de incentivos monetarios -otorgados desde 2012 y mejorados con la Ley de
Incentivos de 2015- con el objetivo de aumentar la inversión en exploración.
Tanto así, que en el caso del
petróleo, la distribución del valor bruto de la producción beneficia a las
empresas transnacionales que se llevan el 75%, quedando el 25% para el Estado,
porcentaje muy lejano al de la propaganda oficial sobre la “nacionalización” y
que revierte incluso lo dispuesto por la Ley 3058 del 2005.
Asistimos, entonces, al final
de una década de imposturas, de acciones que contradicen el discurso
“anti-capitalista” y “anti-imperialista”, y de traición a las reivindicaciones
planteadas por la heroica “guerra del gas” protagonizada por el pueblo
boliviano.
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