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martes, 11 de julio de 2017

ACUSADO INJUSTAMENTE TRABAJARÁ EN UNA DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA EN SANTA CRUZ

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El joven Reynaldo Ramírez, sentenciado a 30 años de cárcel por un feminicidio que no cometió, aceptó trabajar en una dependencia regional del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en la ciudad de Santa Cruz, informaron fuentes oficiales.


    El  ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce Zaconeta, explicó que ese ofrecimiento laboral es parte de la reinserción a la sociedad que precisa Ramírez, tras permanecer más de dos años encarcelado en el penal de Palmasola y después de haber sufrido una serie de agresiones físicas, sicológicas y graves perjuicios económicos.

    "Le hemos ofrecido trabajar en el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, en la ciudad de Santa Cruz, en una instalación que vamos a inaugurar en las próximas semanas", afirmó Arce al programa A Todo Pulmón de Cadena A.

    Arce reveló que en la reunión que sostuvieron en su despacho la mañana del lunes en La Paz, hablaron de los atropellos que sufrió Ramírez y del apoyo que precisa para reinsertarse en la sociedad.

    Dijo que por esa razón  se le brindó la oportunidad para que forme parte de la Casa de Justicia, donde se centralizan varios servicios que ofrece el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a la ciudadanía.

    "De nuestra parte, como Ministerio, vamos a asistirlo, le brindaremos apoyo sicológico y las condiciones que él necesite (...). Reynaldo está contento de trabajar con nosotros y por ahora está resolviendo algunos detalles familiares", puntualizó.

    Por otra parte, el Ministro de Justicia dijo que tiene que haber una reparación económica para Ramírez que debe asumir el Órgano Judicial y los jueces que lo sentenciaron.

     "Con tanta desfachatez estos jueces dijeron que van a pagar; pues ahora deben cumplir su responsabilidad penal y civil", agregó.


    El fiscal Marcelo Delgadillo lo acusó de feminicidio y los jueces Alberto Paz y Mery Mojica lo condenaron a la máxima pena, sin derecho a indulto, por un feminicidio que no cometió.

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