TRINIDAD, BOLIVIA (ANB / ABI).- El juez Jesús Martínez ordenó la noche del domingo la
detención preventiva en el penal de Mocoví de Mauricio Calvo y Juan Carlos
Rivero, ex funcionarios de la Gobernación de Beni, así como el arraigo de Rosa
Samia Hany Melgar, imputados por presuntas irregularidades en la adquisición y
compra de tres chatas (embarcaciones de madera), en octubre de 2014.
"Se le impone la presentación de dos
garantes con fianza económica y fianza moral; la presentación de forma
quincenal a firmar el libro ante el Ministerio Público; asimismo se le impone
la tramitación en el término de 10 días de su arraigo", dijo el juez al
dictar su fallo contra Rosa Samia Hany.
Los coimputados Mauricio Calvo y Juan
Carlos Rivero, según el juez, no desvirtuaron el peligro de fuga por lo que
dispuso la detención preventiva de ambos en el penal de esa ciudad.
"Al no haberse acreditado
fehacientemente una actividad lícita o trabajo ante este tribunal, el suscrito
ordena la detención preventiva de ambos en el Centro de Rehabilitación de
Varones Mocoví", manifestó.
La audiencia se instaló a las 13h00 y
concluyó cerca de las 23h00 tiempo en el que la defensa de los imputados, la
Gobernación del Beni y el Ministerio Público expusieron y defendieron sus
argumentos.
El caso se refiere a supuestas
irregularidades en la compra de tres chatas en octubre de 2014 para enfrentar
los desastres naturales de la inundación, en convenio con la Federación de
Ganaderos del Beni y Pando para el salvataje de ganado en periodo de
inundación.
En el proceso de investigación se
demostró que dos de las embarcaciones se
encuentran en Puerto Almacén y otra en Puerto Vigo.
El costo de dichas embarcaciones compradas
a Inés Cuellar Jiménez fue de 446.404 bolivianos y el proceso estuvo a cargo de
la Secretaría de Obras Públicas de la administración departamental, en la
gestión del gobernador Carmelo Lens.
El Ministerio Público investiga los delitos
de peculado, uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la
Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al
Estado.
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