LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El
ministro de Gobierno, Carlos Romero, advirtió que la Ley del Sistema de
Seguridad Ciudadana, 'Para una Vida Segura', promulgada el martes por el
presidente Evo Morales, endurece las penas para los delitos que atentan contra
la vida, los derechos humanos y la integridad física de las personas.
La norma modifica el Código Penal y sanciona con reclusión de 3 a 5 años la evasión o fuga de quien se encuentre legalmente detenido o condenado, según sus disposiciones finales.
"Si la fuga se realiza con violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, la sanción será de reclusión de 5 a 8 años, según la disposición final de modificación del artículo 180 de la ley panal", explicó el Ministro.
Con esta Ley se reforma el artículo 261 del Código Penal y sanciona con cárcel de 1 a 3 años a quien resultare culpable de la muerte o producción de lesiones graves o gravísimas de una o más personas ocasionadas con un medio de transporte motorizado.
"Si el hecho se produjera estando el autor bajo la dependencia de alcohol o estupefacientes, la pena será de reclusión de 5 a 8 años y se impondrá al autor del hecho, inhabilitación para conducir de forma definitiva", establece la parte final de la norma.
La Ley de Seguridad Ciudadana modifica además el artículo 247 del Código de Procedimiento Penal y determina que las medidas sustitutivas a la detención preventiva pueden ser revocadas cuando el imputado incumpla cualesquiera de las obligaciones impuestas, cuando se compruebe que el imputado realiza actos preparatorios de fuga o de obstaculización en la averiguación de la verdad, cuando se inicie en contra del imputado un nuevo proceso penal por la comisión de otro delito.
La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Para una Vida Segura, es una ley que surge del consenso entre el Gobierno, los gobiernos departamentales y municipales, la Policía Boliviana y la sociedad representada por sus instituciones.
De acuerdo con su explicación "la ley desarrolla y extiende las acciones concretas de lucha contra el delito que el Gobierno implementó con la adjudicación de un presupuesto de casi 2.000 millones de bolivianos que representa un incremento de 121% en relación a los 902.000 bolivianos que se presupuestaron el año 2005".
Uno de sus 14 principios determina la 'Priorización de la Víctima'; es decir que toda víctima de inseguridad ciudadana deberá ser tratada con dignidad y en forma prioritaria en todos los actos de investigación.
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