Tenso
campo de batalla gobierno vs. COB
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Contra un reciente fallo del Tribunal Constitucional
(TCP)que repuso la figura del preaviso para disolver una relación laboral, la
Central Obrera (COB) convocó esta semana a paro nacional mientras que la
federación de mineros sindicalizados (FSTMB) advirtió con una toma del TCP
desde el próximo lunes.
Las
acciones configuran los últimos ribetes del prolongado conflicto por el control
de la Caja Nacional de Salud (CNS), la principal aseguradora de corto plazo del
país, sustentada por aportes de trabajadores activos y jubilados.
A
través de sus aportes mensuales, ellos financian un presupuestode 827 millones
de dólares proyectado por la Caja para esta gestión 2017, aunque,
paradójicamente, la institución obedece a
los regímenes de turno que han designado a sus consecutivos gerentes.
El
último nominado, un cuestionado administrador posesionado hace un mes por la
ministra de Salud del presidente Evo Morales, es rechazado desde hace cuatro
semanas por los 14.000 médicos y salubristas de la CNS, que impugnan su
designación por decisión “político-partidaria”, al margen de convenios y de
consenso con los trabajadores.
Con
cerca de 3.500 dependientes temporales y 10.400 permanentes al 2016, entre
personal jerárquico, médicos generales, especialistas, asistentes y
oficinistas, la CNS dice atender a 2.9 millones de los 10 millones de
bolivianos que conforman la población total del país.
El
año pasado, la Caja presupuestó 596 millones de dólares, de acuerdo a las
cuentas oficiales del SIGEP-MEFP y para esta gestión prevé 827 millones de
dólares, que incluyen un salto de la inversión, de 18 a 196 millones de dólares
entre ambas gestiones.
En
montos a ejecutar la Caja supera, de acuerdo a información oficial, a varios de
los principales ministerios de Estado e incluso casi duplica los fondos
asignados al programa presidencial “Bolivia Cambia” que proyecta ejecutar Bs.2.210 millones, equivalentes a 315
millones de dólares.
Sin
embargo, la infraestructura y economía de la Caja basada en aportes laborales,
pretenden ser aprovechados por el régimen actual para poner en marcha un seguro
integral por la vía de confiscarvirtualmente el patrimonio de los trabajadores
sindicalizados, señaló Grover Alejandro, líder de los rentistas.
Recordó
Alejandro que el reciente “dedazo” de Evo Morales para hacerse del manejo de
los 827 millones de dólares de los trabajadores activos y jubilados, y de los
14 mil “ítems” de la institución, es parte del “castigo” a que han sido
sometidos la COB y los trabajadores activos y pasivos por haberse distanciado
del régimen.
El
alejamiento se concreta luego de múltiples despidos en el sector fabril y a la
posición expresa de la dirigencia obrera de no convertirse en un “apéndice” del
Conalcam, un organismo de dirigentes campesinos afines al gobierno.
La
ministra de salud, Ariana Campero afirmó que el proyecto de salud universal no
fue debatido aún en la Asamblea Legislativa y que será el Estado el que pagará
por el servicio, sólo que los pacientes de ambos seguros serán atendidos en
cualquiera de los centros que esté más próximo al enfermo.
La
Caja es criticada también no solo por sus deficiencias sanitarias sino por los
montos no ejecutados de su presupuesto que según Campero habrían alcanzado el
año pasado a 142 millones de dólares, aunque la cifra dista mucho de los
calculos laborales.
Otros
ocho entes gestores de la salud en Bolivia son las cajas Petrolera, de Caminos,
Bancaria Estatal, Banca Privada, Cordes, el Seguro Social Universitario y
Coorporacion del Seguro Social Militar además del seguro Integral de Salud.
De
acuerdo a estimaciones de los aportantes, la CNS pudo haber manejado 4.000
millones de dólares la década pasada. Su preocupación aumenta porque en el
periodo 2016-2025 será un botín de 9.000 millones de dólares en manos del
gobierno si la administración no es ejercida por los trabajadores y rentistas
que generan los recursos de la institución.
En
medio de la pulseta por el control de la Caja, un papel clave parece jugar el
Directorio de la institución, que al no reunirse no aprueba los actos del nuevo
gerente, Juan Alfredo Jordan, un ingeniero comercial y administrador
hospitalario.
“Sus
actos son nulos de pleno derecho porque no están avalados por el Directorio de
la CNS. Esto es grave. Y no los avalará mientras no se reúna”, dijo el
ejecutivo de los jubilados bolivianos.
Los
rentistas tienen tres de los nueve directores de la Caja; otros tres
representan a los trabajadores activos; el sector patronal detenta dos y el
estatal uno, aunque para la designación del gerente principal de la CNS fue
ignorado un convenio por el que este alto funcionario debe ser nominado de una
terna efectuada por la COB, además de otra enviada al Presidente por el
Ministerio de Salud
Hace
cuatro años Evo Morales promulgó el
Decreto 1403 como marco legal para reestructurar la institución en un periodo
de dos años, sin que a la fecha se haya registrado cambios sustanciales, según
reciente informe del Instituto Nacional de Seguros de Salud (Inases, financiado
también por los trabajadores) que encontró diferentes problemas en la Caja, argumento para
desplazar al antecesor de Jordán, Dr. Mario Aramayo.
http://simra-lapaz.org/files/decreto%20supremo%201403%20completo0001.pdf
MORDIENDO
LA MANO
Para
dirigentes sindicales, Aramayo (gestión 2016) y otro de sus predecesores Juan
C. Alvarado (2011-2012) fueron designados de manera “arbitraria” y unilateral
por el gobierno de Morales (MAS), sin consenso
con la COB. La excepción habría sido René Bustillos, que duró tres años
(2013-2015)
En el
marco de la Constitución Política del Estado un convenio con la COB de 2012,
suscrito en el mandato del ex secretario Pedro Montes establece que la Central
Obrera debe enviar al mandatario una terna para que de esta elija al principal
ejecutivo de la Caja, sostuvo Grover Alejandro.
“El
acuerdo de partes se hace ley para nosotros”, agregó el líder de los jubilados.
“El último nombramiento es político porque no se realizó dentro lo convenido
con la COB”.
Alejandro
reiteró que la CNS es de los trabajadores activos y pasivos aportantes al
sistema de seguridad social.
“El
gobierno no tiene invertido un solo centavo en la Caja, pero dispuso el año
pasado que un monto no ejecutado de 45 millones de bolivianos sea transferido
al ministerio de Salud, mientras que el Inases vive y pervive de nuestros
aportes (0,5 %) y el mismo Ministerio se queda con el 5 % de las aportaciones
de los trabajadores. Están comiendo de nuestra mano y no es justo que nos
muerdan”.
Pese
a que el conflicto fue desatado por los sindicatos médicos del FESINRAS y sus
pares de las diversas Casegurales de la CNS, que alegan una
institucionalización de la CNS, jubilados, mineros y la COB cuestionan la
administración de la Caja por los médicos, a una “logia de doctores”,
señalaron, que ha detentado las gerencias en los últimos años.
Las
diferencias son capitalizadas por el gobierno, que arremete contra todos los
que impugnan sus designaciones y control de la institución.
AFINES
AL GOBIERNO VS TRABAJADORES-COB
En
medio del conflicto, grupos sindicales afines al gobierno como la Central
Obrera-Santa Cruz, el Casegural cruceño y
juntas vecinales de la capital oriental, lo mismo que el Defensor del
Pueblo cuestionaron el paro de los salubristas que obligó a reprogramar
cirugías y suspender atenciones médicas, aunque los servicios de emergencia no
fueron afectados.
Trabajadores
de la Caja denunciaron que el gobierno del MAS busca la confrontación contra
los salubristas utilizando a sectores afines que se opongan al paro con
contramovilizaciones.
Mientras
una comisión de fiscales verificaba en Santa Cruz si hubo actividad en dos
establecimientos del seguro, se tramitaban eventuales juicios por presuntos
delitos de atentado contra la salud pública e incumplimiento de deberes.
Las
marchas y protestas bloquearon la actividad en La Paz, Santa Cruz y Sucre
especialmente, pero en Cochabamba la protesta fue reprimida por la Policía con
gases lacrimógenos y chorros de agua
El
Colegio Médico de Bolivia es uno de los decididos organismos que respaldan las
movilizaciones de los trabajadores de la CNS.
"Si
el ampliado (de la FSTMB) nos avala el traslado a la ciudad de Sucre y tomar
sus instalaciones del TCP, no nos va temblar la mano en hacerlo, porque ellos
están defendiendo intereses patronales y no de los trabajadores”, señaló el
secretario ejecutivo de la (FSTMB), Orlando Gutiérrez.
“Se
trata de los aportes de los trabajadores, es su plata. Los trabajadores (somos)
quienes tenemos que decidir, por eso es el descontento que se está generando”,
dijo el líder de la COB, Guido Mitma.
Según la COB, el fallo constitucional del TCP
restituye el artículo 55 del polémico Decreto Supremo 21060, relacionado a los
despidos amparados bajo la figura de "libre contratación y el libre
despido”. Sin embargo el TCP aclaró que ello sólo es válido cuando el
trabajador lo acepta.
La
ministra de Salud, Ariana Campero dijo que habrá un nuevo descuento por
planilla por los días no trabajados, actuando “por atentado contra la salud
pública”.
-Rolando Carvajal, especial para Erbol
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