LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La Ley Marco de Autonomías y descentralización se
aplicó mayormente para la suspensión de autoridades electas por el voto
directo, según un análisis de la Fundación Milenio.
Luego de dos años de vigencia de esta norma, esta entidad cuestionó el uso
que se le dio, lo cual estaría generando pérdida de institucionalidad.
“La vigencia y respeto del voto ciudadano pueden pesar menos que la
decisión de un fiscal. Estas autoridades judiciales tienen en sus manos la
decisión de suspender a as autoridades municipales, departamentales y
regionales, lo cual genera pérdida de institucionalidad”, destaca un documento
de Milenio.
La inminente suspensión del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, las
anteriores separaciones de sus cargos de las electas autoridades de Tarija,
Mario Cossío, y Beni, Ernesto Suárez Sattori, entre otras, puso nuevamente en
debate los conceptos de legalidad y legitimidad de esta ley.
Los partidos de oposición y otros sectores cívicos y sociales han
cuestionado su vigencia, porque entienden que sólo sirvió para que el
Movimiento Al Socialismo cope dichos cargos con gente de su confianza, además
que aprovechó su mayoría en las asambleas legislativas departamentales y en
municipios.
Balance
La Ley de Autonomías, de acuerdo al enfoque de Milenio, no solucionó
problemas urgentes que soportan las regiones, entre ellos conflictos de límites
municipales, respuestas para los territorios indígena originario campesinos
para que manejen sus jurisdicciones, frente a la superposición de límites
municipales.
También se cuestiona la validez de la aplicabilidad de la autonomía
regional e indígena originario campesina, que se hizo en 11 municipios,
porque no tienen “vida propia”.
“Esto hace pensar que estas figuras autonómicas carecen de vida propia si
no están impulsadas desde el nivel central del Estado, o que los procesos de
acceso a las mismas establecidos en la LMAD son de difícil cumplimiento”,
añade.
En dos años de vigencia de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
ninguno de los cuatro departamentos que contaban con estatuto autonómico (Beni,
Santa Cruz, Tarija y Pando) logró adecuarlo a la nueva Constitución Política
del Estado.
También se hace referencia que hasta ahora no existe un modelo de
participación ciudadana que considere la nueva visión de Estado.
“A nivel municipal el modelo de participación popular está aún vigente, por
haberse planteado un marco alternativo que defina mecanismos de acción y
fiscalización de la sociedad civil y organizada. A nivel departamental la
ausencia se hace más visible, puesto que no se visibilizan los canales para una
interrelación estado-sociedad”, indica el documento.
Finalmente, en el régimen fiscal-financiero del régimen autonómico, sólo
aparecen mínimas modificaciones con respecto a la estructura existente antes de
la LMAD y de la propia CPE.
“Los gobiernos autónomos municipales y departamentales siguen dependiendo
en gran medida de las transferencias recibidas desde el gobierno central. Se ha
realizado un descentralización del gasto pero no de los recursos”, concluye.
La Paz, 30 julio 2012 - A.P.G./L.F.C./
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