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ESTUDIANTES DEL COLEGIO PEDRO DOMINGO MURILLO DE ‘LA ASUNTA’, YUNGAS REALIZAN LA FERIA CIENTÍFICA Y KERMESE

La exposición se extendió hasta horas de la noche SAN JOSÉ LA FLORIDA, LA ASUNTA, BOLIVIA (ANB).- Yatichañ utata Pedro Domingo Murillo, ...

sábado, 11 de febrero de 2017

PIDEN ACCESO A LA JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO

Informe defensorial
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La vulneración del derecho a la petición y respuesta; del acceso a la justicia y las garantías de un debido proceso; y de los derechos laborales, fueron las quejas más frecuentes en la Delegación Defensorial Departamental La Paz, de acuerdo con el Informe de Actividades 2016 presentado este viernes por esta institución.


“De los cerca de cuatro mil casos que fueron atendidos el año pasado, el mayor número tiene que ver con la justicia, con el acceso y la manera cómo ésta ha sido manejada”, afirmó la Delegada Defensorial, Teresa Subieta.

Esta instancia registra en La Paz las denuncias de todos los ciudadanos que creen que alguno de sus derechos ha sido vulnerado, ya sea por una entidad pública o un agente privado que presta servicios públicos. Según la naturaleza del caso, éste puede ser admitido, ameritar una gestión defensorial, una orientación o puede ser rechazado.

En este marco, de los 3780 casos atendidos en 2016, un total de 1650 fueron admitidos, 1050 dieron lugar a una gestión defensorial, 18 fueron rechazados por diferentes motivos y los demás fueron orientados.

Un caso es admitido cuando éste implique violación de los derechos humanos, de las garantías, derechos individuales y colectivos establecidos por la Constitución Política del Estado y otras normativas aprobadas por el Estado boliviano contra toda la actividad administrativa del sector público y de instituciones privadas que presten servicios públicos.


Entre los casos admitidos, los más frecuentes tuvieron que ver con el derecho a la petición y respuesta, con 357 casos; garantías del debido proceso y acceso a la justicia, 335; derechos laborales, 307 casos. Asimismo, destacan las quejas vinculadas al derecho a exigir responsabilidad sobre los actos de la administración pública, a la educación, la salud, la propiedad privada individual y patrimonio, a la integridad, los de la niñez y la adolescencia y de las mujeres.

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