LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El Ministerio Público imputó a la Gerente Legal Corporativa
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Andina, Carmen Lola Tellería
Guzmán, y solicitó su detención preventiva por los presuntos delitos de
incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, que derivaron en
irregularidades en la adjudicación de la empresa italiana Drillmec para la
compra de tres equipos de perforación.
"El Ministerio Público colectó una
serie de indicios que hacen presumir la participación de la imputada en los
delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, por lo que
será sometida a una audiencia de medidas cautelares en la que los fiscales
solicitarán la detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de
Miraflores" señaló el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, citado
en un boletín de prensa.
La comisión de fiscales conformada por
Ruddy Terrazas y Ramiro Jarandilla fundamentó la imputación contra Tellería,
quien se abstuvo a declarar tras ser aprehendida en la localidad de Yacuiba,
Tarija, cuando pretendía fugar del país por el paso fronterizo hacia Pocitos,
Argentina, para evadir a la justicia.
De acuerdo con indicios y declaraciones que
cursan en el cuaderno de investigación, Tellería tuvo una importante
participación en el proceso de elaboración del contrato de la adjudicación de
Drillmec, sin ser parte del Comité de Licitación.
"En el presente caso esta servidora
pública se ha aprovechado de las funciones que ejercía, pues la misma no era
parte de YPFB casa matriz y tampoco era parte del Comité de Licitación,
actuando de manera directa e indirecta en el proceso de contratación", señala
la resolución de imputación.
Ante lo expuesto, los fiscales Terrazas y
Jarandilla solicitaron la detención preventiva de la imputada, toda vez que
concurren los riesgos procesales de fuga debido a que no tuvo la voluntad de
someterse al proceso, y por el contrario intentó huir del país.
Asimismo, concurre el riesgo de
obstaculización del proceso debido a que la imputada puede modificar, destruir
y ocultar elementos de prueba importantes para este proceso, además que existe
la probabilidad de que pueda influir en otros co-imputados, peritos o testigos.
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