Opositor
dice que el plan es descabezar al expresidente
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El jefe de bancada del MAS David Ramos informó este viernes
que el voto de confianza y de aprobación de la Asamblea Legislativa a las
gestiones de la Procuraduría General del Estado en el caso Quiborax, serán
enviados a la Fiscal General Ramiro Guerrero, para que tome en cuenta en la
proposición acusatoria del juicio de responsabilidades contra el expresidente
Carlos Mesa.
Dijo
que la interpelación fue un acto público, a nivel nacional, y esperan que el
Fiscal Guerrero lo asuma de manera responsable y presente sus conclusiones,
porque durante la exposición de los ministros de Justicia y Minería, se ha
demostrado que el Salar de Uyuni fue loteado por los neoliberales para
entregaren, este caso, a la chilena Quiborax.
Espera
que la investigación de la fiscalía determine los grados de responsabilidad de
los funcionarios que hubieran participado en el proceso de reversión sin
cumplir los requisitos que exigía la misma ley.
Manifestó
que da pena ver a un Carlos Mesa eludiendo explicar por qué no cumplió su propia
ley, dando lugar a que la empresa inicie un arbitraje internacional donde el
Estado perdió 42.6 millones de dólares.
El
diputado Lino Cárdenas (MAS) dijo que no hay duda que Carlos Mesa está
involucrado porque la irregularidad que ha cometido es insalvable y ningún
abogado del mundo podría decir que no existe el decreto supremo ordenando la
revocatoria de una concesión minera, cuando el Código de Minería no contempla
esa figura, sino la caducidad y nulidad previo procedimiento.
“Ante
eso qué abogado del mundo podría defender el caso si la prueba está ahí y está
escrita, no hay forma defender al Estado. El gobierno hizo todos los esfuerzos,
no se pudo porque hay una prueba contundente; ante eso nuestra visión es que se
debe acusar, procesar y se lo debe sancionar a Carlos Mesa”, declaró a Erbol.
Explicó
que no será la primera vez que un funcionario del Estado, que comete errores,
sea sancionado y por eso la Constitución Política del Estado, contempla el
intituto jurídico de la repetición para
que el funcionario que causó daño al Estado, devuelva el dinero.
Para
el senador opositor Edwin Rodríguez la “interpelación entre compañeritos del
MAS” tenía el objetivo de legalizar los instrumentos, documentos y pruebas
necesarias para iniciar el proceso a Carlos Mesa, tal como lo advirtió él
mismo.
Rodríguez
cree que está clara la intención del oficialismo de forzar un proceso judicial
sin investigar los elementos de la mala defensa jurídica de la Procuraduría
General.
Dijo
que el pueblo debe saber que no fue Carlos Mesa quien perdió el juicio, sino el
Gobierno que no tuvo la capacidad defender al país y como perdieron, deben echar la culpa al
expresidente, con la intención de fondo que es descabezarlo políticamente.
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