SEÑALA FALTA DE CREDIBILIDAD
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Tras difundir su informe de los hechos de octubre y noviembre de 2019, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) recibió diversas críticas.
Uno de los cuestionamientos vino
de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) que criticó
dicho informe por tener falencias y ser parcializado, al registrar solo una
parte de lo ocurrido el pasado año.
“Queremos expresar nuestro
rechazo ante las evidentes falencias, omisiones y errores del documento
publicado”, señala el pronunciamiento firmado por Amparo Carvajal de la APDHB y
Wilfredo Pomar de Derechos Humanos de La Paz.
El informe de la ONU sostiene que
ha documentado diversas violaciones de derechos humanos, incluyendo al derecho
a la vida y seguridad, a la libertad, a la prohibición de la tortura y otras
formas de maltrato, y al derecho a la libertad de expresión.
La Asamblea de Derechos Humanos
señaló que “lamentablemente el informe registra únicamente una parte de los
hechos ocurridos durante la crisis poselectoral, ignorando varias violaciones
cometidas por el anterior gobierno y grupos irregulares afines al Movimiento al
Socialismo”.
“Si bien compartimos el llamado
para el esclarecimiento de todas las violaciones en contra de los derechos
humanos, consideramos un grave error intentar darle prioridad y mayor importancia
a determinados hechos ocurridos durante la crisis”, observa.
La Asamblea de Derechos Humanos
consideró que ese aspecto demuestra la falta de credibilidad y objetividad del
documento de la ONU.
Tras hacer un repaso de los
principales conflictos sociales durante los años de gobierno de Evo Morales y
señalar las violaciones a los derechos humanos, apuntó que la Oficina de la
Alta Comisionada en Bolivia debe asumir su cuota de responsabilidad en la
crisis poselectoral de Bolivia.
Por otro lado, pusieron en tela
de juicio el rol de la actual Defensora del Pueblo: “Queremos reiterar de
manera pública nuestra preocupación por los intentos de legitimar a la oficina
de la Defensoría del Pueblo, una entidad desacreditada por la mayoría de
organizaciones de derechos humanos en el país no solo por su evidente relación
con el anterior gobierno, sino también por la ilegalidad de su gestión, al
haber concluido su gestión hace varios meses”.
Solicitaron de igual modo a los
sistemas internacionales de protección de los derechos humanos adecuar su
comportamiento a los estándares internacionales y encaminar sus investigaciones
y trabajos con mayor seriedad con el objeto de contribuir al diálogo nacional
en este periodo de transición que vive Bolivia.
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