PGE PIDE A FISCALÍA IMPUTAR A EVO, ÁLVARO, QUINTANA Y ARCE POR EL FRAUDE DE 2019

AL MARGEN DEL JUICIO CONTRA EXVOCALES

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al Ministerio Público la imputación de los expresidentes Evo Morales y Álvaro García Linera, y de los exministros Juan Ramón Quintana y Héctor Arce Zaconeta por los delitos de manipulación informática en procesos electorales, alteración y ocultación de resultados electorales, falsedad material e ideológica y uso indebido de influencias.

 

Considera que las exautoridades son autores intelectuales, financiadores y conductores del fraude electoral de 2019 a través de los ex vocales, funcionarios, técnicos y empresas nacionales e internacionales que ejecutaron los delitos.

 

El director departamental de la PGE de La Paz, Fabio Joffré Calasich, exigió a los fiscales anticorrupción realizar la imputación formal en base a las pruebas referidas a la manipulación y adulteración de sistemas informáticos, documentación, datos y resultados fundamentales del proceso electoral que derivaron en graves delitos que “todavía están en la impunidad”.

 

La Procuraduría informa que presentó un memorial citando 308 indicios y una sólida fundamentación, dado que ha participado activamente en la recopilación de datos investigativos que establecen suficientes elementos de convicción en contra de las autoridades mencionadas.

 

“Estas acciones criminales lesionaron bienes jurídicos trascendentales para la democracia, tales como la integridad, legitimidad y transparencia de los procesos eleccionarios, fuentes esenciales de cualquier Estado Constitucional de Derecho”, afirma el documento elaborado por la PGE, citado en una nota de prensa oficial.

 

Sostiene que este caso es independiente del proceso penal en contra de los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral y señala que, en este segundo proceso, se llegó a la conclusión de que hay pruebas fehacientes que sustentan los ilícitos que afectaron al proceso electoral anulado posteriormente por el fraude verificado por una misión especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las posteriores investigaciones.

 

Uno de los elementos centrales de prueba que ofrece la Procuraduría, es el “Análisis de Integridad Electoral Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia” realizado por la misión especial de la OEA.

 

Indican que dichos delitos no pudieron cometerse sino en función de la acción de “una compleja estructura de poder montada por los acusados para perfeccionar y dejar en la impunidad tan abominables atentados contra la democracia y el derecho al sufragio de la población”.  Recuerdan que el Estado ha ejecutado un gasto en vano de Bs. 138,9 millones de bolivianos que fueron desperdiciados en unas elecciones fraudulentas.