Por Coco Cuba
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- La liberación de los 9 militares y aduaneros bolivianos
encarcelados en Chile hace 40 días ha quedado librada a 2 vías, la diplomática
y el indulto presidencial después de condenados, en tanto que Bolivia perfila
una "campaña internacional" para finalmente conseguirla.
Esta vía de doble carril se avistó, en el
carácter de alternativa, después que la Corte Suprema de Chile rechazara el
lunes un recurso planteado por la defensa de los 2 uniformados y los 7 agentes
de aduana de Bolivia.
La legislación chilena contempla la
eventualidad de que, en último término y en este caso, la presidente Michelle Bachelet
decrete la liberación de los bolivianos después de que corra el proceso
judicial abierto contra ellos y al que le quedan 80 días de término.
"...El Presidente de la República
podrá prescindir de los requisitos establecidos en esta ley y de los trámites
indicados en su reglamento, siempre que el beneficiado esté condenado por
sentencia ejecutoriada y no se trate de conductas terroristas, calificadas como
tales por una ley dictada de acuerdo al artículo 9° de la Constitución Política
del Estado", dice en un parte la legislación chilena vigente.
Los bolivianos han sido acusados de intento
de robo de motorizados, portación de armas e incursión ilegal en territorio de
Chile por la justicia de ese país.
Bolivia, por su parte, ha denunciado que
"los 9" fueron "secuestrados" el 19 de marzo último en su
territorio cuando perseguían a una banda de contrabandistas a 200 metros de la
frontera común y, tras definir el proceso como una contravención al derecho
internacional, el presidente Evo Morales se ha dicho dispuesto incluso a
desatar una "campaña internacional" para denunciar que Chile viola
los derechos humanos de los 2 militares y 7 funcionarios de aduana.
"Será problema interno, pero tenemos
todos los argumentos y vamos a seguir esta batalla política, jurídica, una
campaña internacional para liberar, no vamos a abandonar a nuestros
compañeros", dijo el viernes el mandatario en conferencia de prensa.
Después que Claudio Grossman, agente de
Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, recomendara la
liberación de los bolivianos, para evitar que Bolivia despliegue, en su
opinión, una campaña internacional de "propaganda", el
internacionalista chileno José Rodríguez Elizondo, dijo en declaraciones al
periódico boliviano La Razón que "nosotros debimos haber tomado a estos
soldados y haberlos puesto en su frontera".
"No nos hagamos de prisioneros
para hacerlos judiciables en Chile, por
la sencilla razón de que la judicialización mantiene vivo el problema. Para
ellos (los bolivianos), obviamente que victimiza; éste es un cuento de nunca
acabar", afirmó.
Mediterránea causa de Chile desde 1879,
cuando adicionó por la fuerza a su soberanía el litoral boliviano, Bolivia
radicó en la CIJ, hace 4 años, un juicio para que La Moneda se avenga a una
negociación de buena fe y con efecto vinculante para la cesión de una salida
soberana al mar Pacífico.
El presidente del Senado boliviano, Alberto
González, invocó "las autoridades chilenas a que no compliquen más el
escenario" bilateral, erosionado por la detención que Bolivia entiende
ilegal y contraria, incluso, a la práctica diplomática internacional.
La justicia chilena, que ha señalado un
plazo de 120 días, computables desde el 21 de marzo, debe obrar en consecuencia
tras el dictamen de su Suprema Corte y procesar a los bolivianos que combatían
el contrabando cuando fueron detenidos cerca de la frontera binacional.
Un cuarto del tiempo señalado para la
sustanciación del proceso ya ha transcurrido en ese caso en que el gobierno
boliviano se ha dicho también dispuesto a recurrir a la vía de la negociación diplomática
para obtener finalmente la liberación de sus connacionales, que fueron
tratados como cuatreros y salteadores de
caminos, extremo que La Paz ha rechazado de plano.
Esto también para contrarrestar los dichos
sin fundamento del diputado chileno, José Manuel Edwards, que dijo a media
semana que "son una banda de delincuentes, que ingresaron al país para
delinquir" y que, por lo tanto, deberían comparecer ante la justicia de
Chile.
Morales denunció que Chile iba, en este
caso, a contrapelo del derecho internacional y funcionarios de su Gobierno
deploraron que La Moneda, en este caso, hace gala de su poder.
El embrollo bilateral se calca 3 años
después que 13 soldados bolivianos fueron también arrestados cuando perseguían
a contrabandistas de automóviles de segunda mano.
Tras la formalización, por parte del
Ministerio Público chileno, las autoridades de ese país deportaron a los
uniformados, con que le saldó el incidente que fue a la par sustanciado por la
vía diplomática.
Este escenario, a 3 meses de que Chile
conteste la réplica boliviana en el juicio marítimo en la CIJ y presente su
Memoria en el juicio por las aguas manantiales del Silala, nacidas en
territorio de Bolivia, que La Moneda reclama como de curso sucesivo y carácter
internacional.
Los bolivianos detenidos preventivamente en
Chile, arriesgan, según diversas versiones, penas entre 20 y 15 años de cárcel.
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